La decisión se conoció mientras el Ejecutivo evalúa su relación con el Estatuto de Roma, que es el tratado que dio vida jurídica la CPI, y después de que surgieran versiones sobre una eventual denuncia del acuerdo por parte del país
El Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró a Carolina Olarte Bácares de la contienda para ser magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI), antes de la elección que debe efectuarse en diciembre, en una decisión que puede dejar a América Latina y el Caribe sin postulantes y que, en consecuencia, dejaría clara la postura de Colombia de tomar distancia con el tribunal internacional.
La jurista, exembajadora de Colombia en los Países Bajos, supo de su retiro por terceros, según relató a El País América. “Me enteré por un Estado parte del estatuto que acababan de notificarle el retiro a la corte y a los demás Estados parte”, explicó Olarte Bácares al citado medio, en una determinación que causó fuertes reacciones en el espectro político, en especial desde la oposición.
La decisión del Ejecutivo llegó después de cuatro meses de participación en el proceso. Olarte Bácares afirmó que ya había presentado informes, sostenido reuniones y rendido un examen ante el comité de selección, en los que obtuvo, según ella, uno de los puntajes más altos, por lo que se mostró extrañada por el retiro de su aspiración, que la dejó al margen de esta aspiración.
El retiro de la letrada ocurre mientras el Gobierno evalúa su vínculo con el Estatuto de Roma: que es el acuerdo legal que le da vida a la CPI, adoptado en 1998 y que entró en vigor en 2002. Al respecto, se conoció desde el 18 de agosto que Colombia estaría encaminada a denunciar el tratado para abandonar la referida corte, una versión que ni la Presidencia ni la Cancillería han confirmado.
Elección de magistrados distribuirá seis vacantes entre once candidatos: ¿América Latina quedará si aspirantes?
Olarte Bácares había sido postulada en mayo por el Gobierno de Gustavo Petro, cuando vencía el plazo para que los Estados miembros presentaran sus candidatos ante la Corte Penal Internacional. La elección de los togados, de acuerdo con el cronograma, se llevará a cabo entre el 7 y el 17 de diciembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y definirá seis vacantes entre 11 aspirantes.
Al concluir el periodo de postulaciones, la jurista bogotana era la única candidata de América Latina y el Caribe. Por ello, su salida de la lista de aspirantes abrió la posibilidad de que la región no tenga representación en esta contienda, pese a que su experiencia académica y jurídica parecía dar posibilidades a la abogada para llegar a una de estas seis magistraturas abiertas por la CPI.
Olarte Bácares es magíster en Derecho Internacional por la Universidad Robert Schumann de Estrasburgo y doctora en Derecho por la Universidad de París. En su hoja de vida se destaca que fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana de Bogotá entre 2020 y 2023 y hasta agosto fue embajadora de Colombia ante los Países Bajos, por nombramiento de Petro.
A su vez, la letrada era la representante ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas e integra el Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje, instancia que participa en la selección de aspirantes a la Corte Internacional de Justicia y a la CPI.
Es válido precisar que la Corte Penal Internacional cuenta con 18 jueces, elegidos por la Asamblea de los Estados Partes para mandatos no renovables de nueve años. Sin embargo, ante la determinación del Gobierno De la Espriella de retirar la candidatura de Olarte Bácares, la mujer salió de la carrera por una de estas vacantes, sin que se conozca aún una posición oficial del mandatario.
Carolina Olarte Bácares habló de la decisión en su contra por parte de Abelardo de la Espriella
En entrevista concedida a Caracol Radio, la abogada dejó en claro su posición frente a lo determinado por el presidente De la Espriella. “Mi nominación no tenía nada que ver con el Gobierno Petro. Es lamentable”, remarcó la jurista, que agregó que espera que el Ejecutivo, en su interés de separarse de la CPI, “entienda la complejidad de una decisión de este calibre” para el país.
En lo referente al papel de la Corte Penal Internacional, destacó que es una corte complementaria y respetuosa de la autonomía de los Estados.
Por su parte, en diálogo con Noticias Caracol, dijo que Colombia envió una nota verbal a la Asamblea de los Estados Partes para comunicar la decisión, pero el documento no incluyó una justificación. “Entiendo que no había una motivación en la nota, era simplemente un retiro”, señaló la exembajadora de Colombia en Países Bajos, en relación con esta determinación del Ejecutivo.
La jurista aseguró que ningún integrante del Gobierno se comunicó con ella de forma directa antes de retirar la postulación. “Lamentablemente, no conozco las razones. Tampoco tengo ideas claras o hipótesis que pudieran animar al Gobierno a retirar la candidatura”, respondió sobre los motivos de la decisión, en un debate que debe concentrarse en las consecuencias de esta decisión.
La exembajadora advirtió que la salida de su candidatura también deja sin representación a América Latina y el Caribe en esa elección, ya que era la única postulante del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac). “No solamente se frustra una expectativa personal, sino que creo yo también una legítima expectativa de Colombia”, dijo la abogada y académica en esta conversación.
De la Espriella buscaría desvincularse de la CPI: estos son los gestos que muestran su alejamiento
Antes de asumir el cargo, que tomó el 7 de agosto, el jefe de Estado había anunciado que Colombia retiraría su respaldo a la denuncia por presunto genocidio contra Israel y que restablecería sus relaciones con ese país. A esto se suma que, días antes de la información sobre una posible denuncia del Estatuto de Roma, se registró un hecho que confirmaría esta decisión.
En efecto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, había pedido a los países del Escudo de las Américas, entre ellos Colombia, que abandonaran el tribunal. Frente a este escenario, una salida formal de la CPI solo tendría efectos un año después de que Colombia notificara la decisión al secretario general de Naciones Unidas; aunque aún no se ha confirmado el trámite.
A la par de la determinación del Ejecutivo en el caso de Olarte Bácares, la relación con el tribunal volvió a tensarse durante el fin de semana anterior, cuando el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, pidió a la Fiscalía de la CPI respaldo para la independencia y el funcionamiento de esa jurisdicción frente al recorte presupuestal anunciado por el Gobierno.
En respuesta, De la Espriella respondió que no comparte el contenido, el alcance ni el tono de la carta de Ramelli y sostuvo que ninguna de sus decisiones implica un incumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia. Y recordó que el hecho de que el Gobierno nacional fije una postura fiscal no representa “de ninguna forma” una amenaza a la independencia judicial.
Excanciller de Gustavo Petro reaccionó al retiro de candidatura de Carolina Olarte Bácares
En medio de esta controversia, se conoció el martes 22 de septiembre el pronunciamiento de la excanciller Rosa Villavicencio, que puso la lupa sobre la decisión de retirar la candidatura de Olarte a la Corte Penal Internacional (CPI). Sostuvo que Colombia merece una explicación y advirtió que“la política exterior no puede manejarse con revanchas” ni a cálculos políticos.
Según Villavicencio, la decisión “es mucho más que retirar un nombre”, representa privar a Colombia “de una oportunidad histórica de llegar, por primera vez, a un órgano fundamental de la justicia penal internacional”. Con ello, la exfuncionaria también criticó que la medida se hubiera tomado “sin avisarle y sin informar al país” y la calificó como “una vergüenza”.
