La robusta iniciativa legal cuenta con más de 130 artículos y busca golpear con dureza las finanzas de las agrupaciones criminales y el lavado de activos en el país. El texto abre un fuerte debate en el Congreso por el alcance de las facultades especiales.
Bogotà, 8 octubre de 2026
El panorama de la seguridad y el orden público en el país se prepara para una profunda reforma estructural. El Ministerio del Interior presentó de manera oficial ante el Consejo de Política Criminal el borrador del nuevo Estatuto Antiterrorista, una ambiciosa estrategia jurídica diseñada para robustecer las herramientas legales y operativas del Estado frente al accionar de las organizaciones armadas ilegales
El proyecto de ley, que cuenta con más de 130 artículos, se centra en asfixiar los recursos económicos de las estructuras criminales mediante la creación de una lista nacional de agrupaciones terroristas, lo que facilitará el congelamiento exprés de sus activos financieros [ch_1, ch_3]. Asimismo, el estatuto endurece severamente las penas para delitos conexos de alto impacto, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión
Puntos claves y debates
La propuesta también contempla la implementación de un régimen carcelario especial y más estricto para los cabecillas capturados [ch_1]. No obstante, incluye un mecanismo denominado “puerta de salida”, que otorgará beneficios penales y rebajas de penas a aquellas agrupaciones que decidan desmantelarse voluntariamente y someterse a la justicia ordinaria
La propuesta también contempla la implementación de un régimen carcelario especial y más estricto para los cabecillas capturados [ch_1]. No obstante, incluye un mecanismo denominado “puerta de salida”, que otorgará beneficios penales y rebajas de penas a aquellas agrupaciones que decidan desmantelarse voluntariamente y someterse a la justicia ordinaria
A pesar de que el Gobierno Nacional defiende la medida como una herramienta indispensable para recuperar la tranquilidad en las regiones más afectadas por la violencia, la iniciativa ya despierta controversia en sectores legislativos. Congresistas de la oposición han expresado su preocupación, advirtiendo que ciertos artículos del borrador podrían prestarse a interpretaciones ambiguas que terminen limitando las libertades civiles o estigmatizando la protesta social legítima
Se espera que tras recibir el concepto del Consejo de Política Criminal, el articulado inicie su trámite formal en las comisiones primeras del Congreso de la República, donde anticipa una de las discusiones políticas más complejas del año
