Luego de conocerse la salida del país del aún embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a Infobae Colombia que esta cartera no autorizó su salida, pues nunca presentó el permiso para viajar al exterior.

En ese sentido, también le indicaron a este medio que ya se inició una investigación disciplinaria contra el funcionario, cuya renuncia se hará efectiva el 23 de junio, de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0917 del 6 de junio de 2023.

Esa reglamentación, firmada por el canciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro, menciona que a partir del 23 del mismo mes se hará efectiva su renuncia, por lo que aún funge como representante del Gobierno nacional en Venezuela. Su reemplazo, de acuerdo con lo anunciado por la entidad, será Milton Rengifo, antiguo crítico del régimen de Nicolás Maduro.

El decreto establece que la renuncia de Benedetti se hará efectiva el 23 de junio. Suministrada.

La investigación anunciada por Cancillería a Infobae Colombia no es la primera que afronta Benedetti: actualmente, tiene otras indagaciones abiertas que podrían ser abordadas por la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá llevará a cabo una audiencia preliminar el martes 13 de junio por petición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

En la decisión, la alta corte estableció que el propósito de esa diligencia será determinar si se destraba “un conflicto positivo de competencia” con el ente de control liderado por Francisco Barbosa. Además, esa petición fue elevada debido a que el embajador saliente es investigado por los delitos tráfico de influencias, violación ilícita de comunicaciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito e injuria y calumnia.

En marzo de 2023, la Corte envió a la Fiscalía el proceso contra Benedetti por interés indebido en celebración de contratos y tráfico de influencias de servidor público tras el hallazgo de irregularidades en una presunta intervención suya en la contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade–.

Dicha redirección se sustentó en que la Sala de Instrucción perdió competencia para adelantar las pesquisas contra el también exsenador debido al fuero especial que ostenta por su cargo diplomático, según el numeral quinto del artículo 235 de la Constitución.

Sin embargo, el fiscal General se negó devolver el expediente al alto tribunal tras pedido de la magistrada Cristina Lombana. Así las cosas, será el Tribunal de Bogotá que decida el destino del expediente mientras Benedetti sigue con su fuero hasta el viernes 23 de junio.

Por otra parte, en la noche también del miércoles 7 se conoció que el Consejo Nacional Electoral –CNE– suspendió las citaciones hechas al diplomático y a la ex jefa de Gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia. El llamado fue hecho por el magistrado Benjamín Ortiz, a cargo de la investigación contra la campaña Petro Presidente por presuntas irregularidades en pagos a testigos electorales que no habrían sido registrados.

De hecho, al interior de la máxima autoridad electoral hay un pulso por determinar cómo se abordan las investigaciones. La magistrada Lucía Velásquez, excongresista del Pacto Histórico, sugirió conformar una comisión especial para que se encargue únicamente de ese expediente.

En la solicitud, la togada del CNE indicó que, si bien no desconocía las competencias de Ortiz para abordar las indagaciones correspondientes a las irregularidades financieras de esa campaña, solicitó hacer dicha sección para, según ella, brindar garantías de transparencia.

La sugerencia de la magistrada Velásquez generó una disputa interna; y si bien el artículo 13 del reglamento del Consejo Nacional Electoral permite crear una comisión especial, esta debió conformarse en marzo de 2023, cuando le fue designada a Ortiz la pesquisa en la que también está involucrado el gerente de la campaña presidencial de Petro (y hoy presidente de Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán.

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