Bogotá D.C., 31 de octubre de 2026 — Kevin Jair Beltrán Rojas, exfuncionario de Cenit —filial del Grupo Ecopetrol—, denunció públicamente haber sido víctima de persecución laboral, desplazamiento forzado y posterior despido tras negarse a cumplir directrices de una alta ejecutiva para eliminar pruebas, registros de sistemas y chats de WhatsApp. Según el denunciante, la información que le ordenaron borrar correspondía a contrataciones adjudicadas a Antropos Consultores S.A.S., una firma vinculada a un familiar de la ex primera dama de la nación, Verónica Alcocer. Por su parte, la empresa Cenit desmintió formalmente haber emitido dicha instrucción y aseguró que el exempleado no tenía acceso a la gestión contractual.
La reunión y la presunta orden de eliminación
De acuerdo con el relato entregado por Beltrán Rojas, los hechos se originaron el 15 de enero de 2026. En esa fecha, fue citado a una reunión de carácter confidencial con Pilar Marulanda Sánchez, vicepresidenta de Talento Humano de Cenit, quien presuntamente le retiró su teléfono celular antes de ingresar a la oficina.
El exfuncionario aseguró que durante el encuentro se le solicitó ayuda para borrar todo rastro de los contratos otorgados a Antropos Consultores S.A.S., con el objetivo de ocultar los beneficios entregados al familiar de Alcocer. Beltrán manifestó que su negativa a acatar esta orden desencadenó represalias inmediatas, comenzando por su traslado de área de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición, y culminando con la notificación de su despido el 10 de agosto de 2026, pocos días después de que venciera su fuero de protección sindical.
Incremento patrimonial bajo la lupa
Antropos Consultores S.A.S., compañía especializada en consultoría arqueológica y estudios ambientales, cuenta con Alberto Merlano Alcocer como representante legal suplente. La firma, constituida en abril de 2024 con un capital inicial de $25.000.000, experimentó un acelerado crecimiento financiero: sus activos pasaron de $180.000.000 al cierre de 2024 a $1.983.000.000 al finalizar 2025. Según la tesis de Beltrán, los contratos en las filiales tenían como propósito otorgarle capital y experiencia a la empresa para habilitarla a contratar directamente con la matriz de Ecopetrol.
Ante los señalamientos, Cenit reconoció que Antropos prestó servicios de formación en 2024 a través de un tercero, el Grupo Spira S.A.S. Paralelamente, la firma figura en Ecopetrol asociada a un contrato de gestión empresarial por $75.000.000. El propio Merlano Alcocer confirmó la existencia de estos contratos, que le reportaron ingresos por $157.000.000 en seis meses, defendiendo que se debieron a su trayectoria profesional y aclarando que operó a través de una empresa debido a sanciones previas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Acciones legales y auditoría en curso
Tras el rechazo de una acción de tutela con la que buscaba su reintegro laboral, Beltrán Rojas escaló el caso ante el Ministerio del Trabajo y remitió una comunicación formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando la persecución. Asimismo, el exfuncionario relató que en noviembre de 2025 sufrió una situación de desplazamiento forzado junto a su familia luego de perder una inversión en una finca ganadera.
Por su parte, la administración de Cenit ha reiterado que el proceso de desvinculación se debió estrictamente al vencimiento del periodo de protección sindical y que no está relacionado con los motivos expuestos por el exempleado. Actualmente, la presunta influencia de Verónica Alcocer en los procesos de contratación dentro del Grupo Ecopetrol es objeto de una auditoría forense y permanece bajo la inspección de las autoridades competentes.
fuente infobae
