BOGOTÁ, 2 de noviembre de 2026 — El proyecto de la “Ley de Rescate Fiscal” presentado por el Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en el sistema de compensación familiar del país. La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), junto con sindicatos y expertos laboralistas, advirtieron que la iniciativa contempla una redistribución de los aportes parafiscales que dejaría un faltante superior a los $500.000 millones en 2027, impactando de forma directa los subsidios y servicios de los trabajadores de menores ingresos.
El núcleo de la controversia radica en el artículo 22 del proyecto, el cual propone trasladar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) uno de los cuatro puntos porcentuales que los empleadores aportan actualmente a las cajas. Según cálculos preliminares del gremio, esto obligaría a las instituciones a pasar de transferir el 8,6% al 31,4% de sus ingresos directos al sistema de salud, cuadruplicando su aporte actual con el fin de cubrir las obligaciones financieras del sector sanitario nacional.
De materializarse la medida, el beneficio más afectado sería la cuota monetaria mensual, un subsidio que actualmente reciben 4,8 millones de personas en Colombia, principalmente hijos y padres dependientes de trabajadores con menores salarios. Asimismo, se prevén fuertes repercusiones sobre los Fondos de Vivienda de Interés Social (Fovis) y en las tarifas de infraestructura social. Analistas del sector advierten que la pérdida de recursos podría disparar los precios de los servicios de recreación, educación y parques recreativos, provocando que tarifas subsidiadas de $5.000 escalen hasta los $50.000 para los afiliados de las categorías más bajas.
Por otra parte, la reforma tributaria plantea habilitar por cinco años el uso de los saldos no ejecutados ni comprometidos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) para sanear pasivos de salud, obligando a transferir a la Adres los remanentes disponibles al 31 de diciembre de 2026. Centrales obreras como la Confederación General del Trabajo (CGT) señalaron que recortar el 25% del aporte original debilita la red de protección social de los trabajadores y del mecanismo de protección al cesante, por lo que solicitaron al Congreso de la República salvaguardar la destinación específica de estos recursos durante el debate legislativo.
fuente infobae
