Bogotà, 4 de noviembre de 2026
El Congreso de la República aprobó de manera definitiva la Ley de Sometimiento, una iniciativa jurídica que reemplaza la política de ‘Paz Total’ del anterior Gobierno y redefine la relación del Estado con las estructuras criminales en Colombia. Tras un debate contrarreloj que se extendió hasta la noche del martes 3 de noviembre, la Cámara de Representantes respaldó el proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra. Al coincidir plenamente con el texto avalado previamente por el Senado, la norma no requerirá de un trámite de conciliación y pasará directamente a sanción presidencial
El presidente Abelardo de la Espriella celebró de inmediato la histórica decisión legislativa a través de sus canales oficiales: “¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO! Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo. La falsa paz total llegó a su fin”, aseveró el jefe de Estado, enfatizando que su administración mantendrá sin tregua las operaciones de la Fuerza Pública
A diferencia de los procesos anteriores, el nuevo marco legal elimina de raíz cualquier tipo de negociación política o mesas de diálogo con grupos armados y bandas criminales . El modelo se inspira en los sistemas de delación y colaboración de la justicia de Estados Unidos, limitándose estrictamente al sometimiento penal. Bajo esta premisa, se ofrecerán rebajas de penas de hasta un 50% para integrantes de organizaciones criminales, y de un máximo del 30% para sus cabecillas, condicionado rigurosamente a la entrega total de armas, información verídica y el desmantelamiento de sus estructuras
El ministro de Justicia, Iván Cancino, advirtió de manera tajante ante los medios de comunicación que la ley es estricta frente al cumplimiento de las obligaciones y los recursos económicos de las bandas: “Para cualquier beneficio, tienen que cumplir. Si no cumplen, sencillamente no hay condiciones para la libertad condicional. Tienen que entregar todos los bienes, y se les devuelven cero pesos”. Asimismo, el articulado final de la norma incluyó una modificación que prohíbe taxativamente cualquier beneficio de rebaja penal a personas que cuenten con condenas vigentes por el delito de reclutamiento de menores de edad
fuente infobae
