ASUNCIÓN, 6 de noviembre de 2026. La República del Paraguay atraviesa una de las crisis institucionales y financieras más agudas de su historia reciente. El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y el inicio del proceso de resolución y cierre de Ueno Bank tras detectar un colapso crítico en su índice de solvencia, el cual cayó por debajo del 50% del mínimo exigido por la ley debido a severos ajustes en sus estados financieros. El escándalo escaló de inmediato a la esfera política, provocando que el presidente de la República, Santiago Peña, presentara su renuncia formal ante el Congreso de la Nación, en medio de acusaciones de la oposición que catalogan el hecho como “el robo más grande de la historia del Paraguay”.
Ueno Bank, entidad que recibió multimillonarias inyecciones de recursos públicos durante la actual administración y llegó a controlar los fondos de más de 2,9 millones de clientes, suspendió la totalidad de sus operaciones, desatando el pánico por el destino de los ahorros ciudadanos y los fondos nacionales de jubilación. Ante la emergencia bancaria, el BCP activó de forma agónica el Fondo de Garantía de Depósitos para iniciar un primer desembolso de desembolsos a los ahorristas. En esta primera fase, los pagos alcanzan un límite máximo de 10 millones de guaraníes (aproximadamente 1.565 dólares) por cliente, condicionado a que los usuarios no registren deudas pendientes con la institución financiera y posean cuentas activas en otros bancos para recibir las transferencias electrónicas.
Incertidumbre en el Congreso y juicio político en marcha
Mientras los ahorristas forman filas virtuales y presenciales, el Palacio de Legislativo se convirtió en un escenario de caos. El Congreso paraguayo suspendió una sesión extraordinaria bicameral convocada para definir la aceptación o rechazo de la renuncia de Peña debido a una masiva retirada de legisladores oficialistas que dejó el recinto sin el quórum reglamentario. Juristas y analistas constitucionales confirmaron que, al no haberse tomado una decisión en la plenaria, Santiago Peña continúa formalmente investido en la Presidencia de la República hasta que se solucione la acefalía institucional.
La jugada del oficialismo buscaba frenar la estrategia de las bancadas de oposición, las cuales pretenden rechazar la dimisión para continuar con el trámite del juicio político —ya aprobado en la Cámara de Diputados— y forzar la destitución del mandatario por la vía jurídica, inhabilitándolo de cargos públicos. Tras el aplazamiento de la sesión legislativa, Peña rompió el silencio en sus canales oficiales asegurando que se presentará ante el Senado para ejercer su legítimo derecho a la defensa y entregar la información requerida. El gobernante concluyó que la devolución del dinero a los afectados debe avanzar con total independencia de su futuro político personal: “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La ciudadanía merece conocer la verdad sin encubrimientos”.
fuente infobae
