Proyecto tributario del Gobierno De la Espriella reduciría ingresos a quienes ganen más de dos salarios mínimos

 BOGOTÁ. 9 noviembre de 2026 El bolsillo de la clase media trabajadora enfrenta una seria amenaza tras conocerse un riguroso análisis técnico sobre el Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado como la “ley de rescate” o reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El estudio, elaborado por la firma consultora Crowe Co, advierte un “efecto rebote” que golpearía directamente el ingreso neto de más de 2,4 millones de empleados dependientes en Colombia: si el salario de un trabajador supera el umbral de los dos salarios mínimos por un solo peso, terminará recibiendo menos dinero real en su cuenta bancaria.

La paradoja del peso adicional
El mecanismo que genera esta distorsión radica en la modificación de los aportes obligatorios a salud. Con base en el salario mínimo vigente para 2026, establecido en $1.750.905 (sin auxilio de transporte), dos salarios mínimos exactos equivalen a $3.501.810. Bajo las reglas actuales, un empleado con esa remuneración recibe netos $3.221.665 después de los descuentos de ley.

Sin embargo, la propuesta radicada en el Congreso de la República el pasado 29 de octubre estipula que al cruzar el límite de los dos salarios mínimos, la tarifa de retención para salud del trabajador saltará del 4% al 5,5%. Juan Carlos Arbeláez, socio líder de Tax & Legal de Crowe Co, explicó la gravedad del texto radicado: “El nuevo aporte del 5,5% se cobraría sobre todo el salario, no solo sobre la parte que supere los dos salarios mínimos”.

Debido a que la tarifa se aplica a la totalidad de la base y no marginalmente sobre el excedente, si un empleado pasa a ganar $3.501.811 (un peso más), su dinero de bolsillo caerá automáticamente a $3.169.139. En la práctica, una bonificación o un incremento menor se traducirá en una pérdida neta de $52.526 mensuales. Para equilibrar el beneficio previo al umbral, el ciudadano necesitaría un reajuste abrupto hasta los $3.559.852.

Presión sobre las empresas e informalidad
El impacto fiscal no solo recae en las billeteras familiares; el sector empresarial también asumiría costos significativos que amenazan la estabilidad del empleo formal. Según las simulaciones financieras, si un empleado supera los dos mínimos, el empleador perderá exenciones de aportes y pasará a pagar un 6% adicional correspondiente a salud, Sena e ICBF, lo que eleva el costo laboral por ese solo trabajador en $210.109 mensuales.

El escenario se complejiza aún más al superar los tres salarios mínimos ($5.252.715), donde un incremento de un peso disparará el costo para la empresa en $393.955 debido al salto de los aportes patronales del 6% al 13,5% sobre la totalidad del sueldo. Expertos tributarios advierten que esta disparidad entre lo que le cuesta un empleado a la empresa y lo que finalmente recibe el trabajador podría forzar a las organizaciones a congelar contrataciones, moderar drásticamente los incrementos o presionar el desvío hacia la informalidad laboral, un indicador que ya supera el 50% en el país según el Dane.

Un llamado a la modificación en el Congreso
De acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) cortadas a julio de 2026, en Colombia existen exactamente 2.431.354 cotizantes dependientes en riesgo de ingresar a estos nuevos rangos tributarios si la iniciativa gubernamental prospera.

Ante este panorama, analistas sugieren que el Congreso modifique la estructura del articulado antes de su aprobación definitiva. La alternativa propuesta consiste en que las nuevas tarifas de salud operen bajo un esquema de rangos aplicados exclusivamente sobre el valor excedente —similar al impuesto sobre la renta—, lo que eliminaría los saltos perjudiciales y protegería la capacidad adquisitiva de la fuerza trabajadora del país. Cabe enfatizar que el proyecto se encuentra en etapa de debate legislativo y no constituye una norma vigente en el territorio nacional.