BOGOTÁ, 19 de noviembre de 2026.
— La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir una inspección contra el juez 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín, Antioquia, para determinar si incurrió en una extralimitación de funciones al compulsar copias contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.
La decisión está relacionada con la audiencia de legalización de captura realizada el pasado domingo 15 de noviembre de 2026 en el caso de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de «Primo Gay», quien fue detenido el 14 de noviembre y señalado por las autoridades de estar vinculado con hechos violentos en Antioquia, incluido el homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda.
El origen de la controversia
Durante esa diligencia judicial, el juez ordenó remitir copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación para que examinaran las actuaciones y declaraciones del jefe de Estado tras la difusión de un video en el que De la Espriella aparece frente a frente con el capturado durante su presentación pública en Montería, Córdoba.
Durante esa diligencia judicial, el juez ordenó remitir copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación para que examinaran las actuaciones y declaraciones del jefe de Estado tras la difusión de un video en el que De la Espriella aparece frente a frente con el capturado durante su presentación pública en Montería, Córdoba.
Ante ello, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial trasladó el expediente a la Comisión Seccional de Antioquia para que verifique si el funcionario judicial tenía competencia legal para ordenar dichas remisiones en medio de una audiencia de control de garantías. La entidad aclaró que la apertura de la inspección no constituye todavía una sanción ni un fallo definitivo sobre la conducta del juez.
Situación judicial del capturado y postura del Gobierno
En la misma audiencia del 15 de noviembre, la Fiscalía imputó a Uñates López el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, por lo que fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel La Picota, en Bogotá.
En la misma audiencia del 15 de noviembre, la Fiscalía imputó a Uñates López el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, por lo que fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel La Picota, en Bogotá.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó cualquier vulneración de derechos humanos durante el procedimiento militar y policial, asegurando que los capturados fueron puestos oportunamente a disposición de la justicia y reiterando que los operativos contra las estructuras criminales continuarán en todo el territorio nacional.
Fuente: Infobae
