El Gobierno de Gustavo Petro vivió una jornada para el olvido el martes 20 de junio, pues mientras en las calles cientos de miles de colombianos salieron a protestar en contra de su gestión, en el Congreso se hundía uno de sus proyectos más importantes: la reforma laboral.

Pero aquel no fue el único fracaso del Gobierno, la ley de sometimiento y la reforma carcelaria, otros proyectos clave también cayeron durante el último día de sesiones legislativas al no contar con el apoyo suficiente y ni siquiera poder pasar del primer debate.

Ley de sometimiento a grupos criminales: Esta era considerada la herramienta para hacer realidad la política de paz total del Gobierno y pese a que se alcanzó a radicar la ponencia de la iniciativa nunca llegó a discutirse en la Comisión Primera del Senado. “La ley de sometimiento nunca se discutió en primer debate porque sencillamente no había mayorías para hacerlo. Desafortunadamente, el Gobierno decidió concentrar su fuerza en los proyectos sociales, sacrificando así el resto”, lamentó el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto de ley.

El congresista manifestó además que hay actores armados ilegales que desean someterse a la justicia, pero que no existe un marco jurídico para ello porque la ley no fue aprobada, por lo que el conflicto seguirá prolongándose.

Esta iniciativa no puede ser tramitada en sesiones extraordinarias debido a que no fue aprobada en ningún debate de la legislatura que acaba de terminar, por lo que para hacerla realidad habrá que radicarla nuevamente.

Reforma carcelaria: La denominada ley de humanización de la política criminal y carcelaria corrió con la misma suerte. El proyecto era liderado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que advirtió en su momento que de no ser aprobada la iniciativa, las cárceles del país no darían abasto para recibir a los condenados y sindicados.

Según Osuna, el problema de hacinamiento en las cárceles se debe a que en el país se piensa erradamente que mediante el derecho penal se pueden solucionar los problemas sociales. Por eso, planteaba un modelo de justicia restaurativa, que tenía como núcleo a las víctimas y que estas fueran reparadas moral y materialmente por el victimario según el delito cometido, en vez de centrarse en el castigo.

La iniciativa era muy polémica y tenía propuestas controvertidas, como la de dejar al recluso trabajar de día y cumplir su pena de noche. Al final, el proyecto de ley no fue citado a debate y votación, por lo que también terminó hundido.

Inician las sesiones extraordinarias

Terminado el periodo legislativo, a partir de este 21 de junio inician las sesiones extraordinarias en el Congreso, que irán hasta el 30 de junio. Son dos semanas clave para la aprobación de proyectos de ley clave para el Gobierno nacional.

Aún vive la reforma a la salud, que está en su segundo debate en Plenaria de Cámara de Representantes, y la pensional, que terminó su primer debate en la Plenaria del Senado. Entonces, a la reforma a la salud le quedan dos debates en la Plenaria del Senado y en el Senado, mientras que a la pensional le queda un debate en el Senado y dos en Cámara.

Otros proyectos que fueron hundidos, como la reforma política, la laboral o la reforma al Código Penal, deberán ser discutidos en la próxima legislatura, que iniciará el 20 de julio.

Los triunfos del Gobierno en el Congreso

Pese a los traspiés, algunos proyectos de ley de interés para el Gobierno nacional sí pasaron sus respectivos trámites legislativos. Tal fue el caso de la reforma al Código Electoral, que pretende modificar y tecnificar el sistema electoral con miras a los comicios regionales que se darán en octubre.

También se aprobó en primer debate el proyecto de ley de adición presupuestal, con el que se busca añadir 16,9 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2023.

Por otra parte, se aprobó el Acto Legislativo que crea la jurisdicción agraria y rural, que además hace parte de uno de los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en sus negociaciones de paz con la antigua guerrilla de las Farc, y se aprobó el Acto Legislativo que establece al campesinado como sujeto de especial protección.

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