Con participación representantes de esta población en Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío y sus organizaciones, se realizó el foro macrorregional para contribuir a las reformas de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Medellín, 19 de julio 2023
Tras incidir en la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el año 2031, el nuevo reto de los representantes de las más de 9.500.000 víctimas hasta ahora registradas, es fortalecer y reformar las medidas de atención y reparación para resarcir los daños causados por el conflicto armado.
Para aportar con propuestas desde las regiones más afectadas por la violencia al proyecto de reforma a esta ley, que será presentado al Congreso en la próxima legislatura, durante esta semana los delegados y sus organizaciones participan en varios foros macrorregionales coordinados por la Unidad para las Víctimas.
En Medellín, más de 60 delegados de organizaciones y de mesas departamentales de participación, quienes representan a cerca de dos millones de víctimas que habitan en Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío, coinciden en que se deben fortalecer los modelos operativos de reparación individual y colectiva, de retornos y reubicación de desplazados y la corresponsabilidad de las más de 50 entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
Senith López Herrera, delegada de la mesa de participación de víctimas de Caldas, reconoce que: “hay avances y hay que conservar lo bueno”, mientras que “la incidencia en la política pública de víctimas debe responder a las necesidades de cada territorio y lograr recursos autónomos para evitar la dependencia del Estado”.
También destaca que el proyecto de reforma debe aprovechar la “coyuntura de la próxima elección de nuevos gobernadores y alcaldes para la inclusión en los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales”.
Construcción de paz
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió el 10 de junio pasado 12 años de implementación en los que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas logró avances como el pago de más de 1.415.000 indemnizaciones, ayuda humanitaria y de emergencias, proyectos de infraestructura comunitaria, planes de reparación colectiva y retornos y reubicación de desplazados.
“Lo primero es resaltar la labor de las mismas mesas y las asociaciones, es evidente que el aporte de las víctimas para la reforma de la Ley 1448 se hace visible en todo el territorio nacional, creemos que hay que hacer ajustes a la parte operativa de la entidad para que la reparación sea más eficiente en todos los frentes, hay que descentralizar la política y hacer que tenga una verdadera incidencia en las regiones”, concluyó frente al encuentro, Eisenhower Zapata, coordinador de la mesa de víctimas de Risaralda.
Otras propuestas se enfocaron en la priorización de las rutas de reparación para hechos victimizantes graves, como los delitos sexuales contra mujeres y los hijos nacidos como consecuencia de esta violencia, además de la persecución de los bienes de los grupos armados ilegales con destino al Fondo de Reparación.
“Sin irnos hasta la reforma total de la Ley 1448, queremos conservar lo bueno y realizar, de su mano, algunas reformas en aspectos que sean claves para que las condiciones de vida de la población víctima cambien de forma real, necesitamos hacer una verdadera incidencia en aspectos como la superación de las barreras institucionales con una verdadera coordinación y operatividad de la política pública y además apuntarle a la temática de la progresividad”, puntualizó al respecto Luis Eduardo Torres Ramírez, director territorial de la Unidad del Eje Cafetero.
