El presidente Gustavo Petro podría cumplir su primer año de Gobierno con su hijo mayor detenido: este martes se realizará la audiencia de imputación de cargos
Nicolás Petro y Day Vásquez continuarán detenidos, luego de que el juez 74 con funciones de control de garantías legalizó la captura de ambos para ser procesados lavado de activos y otros delitos. Hasta la defensa del hijo del presidente aceptó la decisión y no presentó recursos en contra. Ahora se preparan para la imputación de cargos, en la que se espera que la Fiscalía solicite medida de aseguramiento.
No se conocen las pruebas que tiene el fiscal Mario Burgos para acusar a Petro y Vásquez, parte de las cuales habrían sido recolectadas durante los procedimientos de allanamiento que se hicieron en la vivienda de cada uno de ellos en la mañana del 29 de julio, cuando fueron detenidos.
Juan Trujillo, abogado de Petro, sostiene que la detención fue una medida desproporcionada, pero que como defensa no tenían la posibilidad de controvertir la decisión, debido a que esta se solicita a un juez de control de garantías sin las partes procesadas, como parte de la investigación. El togado denuncia, según dijo a Caracol Radio, irregularidades como operativos de la Fiscalía antes de recibir la autorización, así como grabaciones de Petro y su esposa desnudos durante la captura.
El allanamiento y los elementos incautados fueron legalizados por el juez. Entre ellos $25 millones de pesos en efectivo que se encontraron en el apartamento de Petro Burgos, que la Fiscalía asegura hacen parte de los dineros ilícitos que habría recibido, mientras la defensa del acusado sostiene que son de su esposa y los necesita para la manutención de su hijo que está próximo a nacer.
El abogado Trujillo sostiene que fue acogida la solicitud que elevó para que se le devolviera el dinero a Laura Ojeda, por lo que esa incautación no habría sido legalizada por el juez 74.
Las razones de la Fiscalía para solicitar la orden de captura y las pruebas que se tienen en contra de la expareja serán conocidas el 1 de agosto, cuando se citó la audiencia de imputación de cargos. Nicolás Petro será acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Day Vásquez será imputada de lavado y violación de datos personales.
Durante los allanamientos se recolectaron elementos de comunicación, celulares y computadores, que serán claves para las pruebas que tiene la Fiscalía respecto al caso. En este se investiga a Petro por presuntamente haber recibido dineros de un ex narcotraficante y un cuestionado empresario, de los cuales se habría apropiado, según lo dicho por Vásquez, durante la campaña presidencial de su papá.
Con la decisión del juez Penal Municipal 74 los elementos incautados se convirtieron en material probatorio o evidencia física para sustentar la investigación y el relato de los hechos delictivos por los que serán imputados los procesados, que serán expuestos en la audiencia correspondiente.
Estas audiencias concentradas o preliminares son la primera parte para proceder luego a las audiencias preparatorias del juicio. Lo primero era declarar legal la captura de los sindicados, un procedimiento que había sido cuestionado por penalistas, pero que finalmente fue acogido tanto por el juez de control de garantías, como por las partes.
Incluso Vásquez, quien había sido presentada ante una jueza sin su equipo de defensa en la noche del 29 de julio, reconoció que se le habían respetado todas sus garantías. Sus abogados estuvieron en el búnker de las Fiscalía para la audiencia de legalización de captura y allanamientos.
Un detalle por el que el abogado de Petro Burgos auguró una posible aceptación de cargos por parte de la exesposa de su cliente para acceder a un principio de oportunidad o acuerdo de colaboración con la Fiscalía, que se daría tras la audiencia de imputación.
Dada la solicitud de detención que formuló el ente acusador, se espera que tras la imputación se solicite medida de aseguramiento. Esta podría ser en centro carcelario o en la residencia personal de cada uno de los procesados. El fiscal tendrá que argumentar, con base en la investigación, por qué deben permanecer privados de la libertad, sin representan riesgo para el proceso o la sociedad.
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