Sobre la tarde del martes 15 de agosto, la Fiscalía General de la Nación anunció que está preparando un total de 60 imputaciones de cargos a personas que tendrían relación con el escándalo de Odebrecht en Colombia.

De acuerdo con el fiscal Francisco Barbosa, los nombres y los delitos serán presentados el jueves 17 del mismo mes en Cartagena. Con esto, según su declaración entregada en medio de su viaje a Washington, se entraría en la última fase de las investigaciones correspondientes al escándalo de corrupción, cuya sanción más reciente fue emitida por la justicia estadounidense.

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Barbosa Delgado sostuvo que con estos nuevos llamados serían en total 110 las imputaciones de cargos por estas pesquisas. “Con eso estaríamos casi que clausurando el caso Odebrecht en Colombia” en medio de labores adelantadas con autoridades con el FBI.

Luego de la decisión de Estados Unidos de multar a Corficolombiana y al Grupo Aval por una “responsabilidad objetiva” sobre las violaciones a las disposiciones de contabilidad y controles internos tanto en el emisor como en su filial.

“Acusamos al conglomerado colombiano Grupo Aval S.A. y su filial bancaria por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Grupo Aval acordó pagar 40 millones —de dólares— para liquidar los cargos”, precisó la comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).

Tras el fallo emitido el jueves 10 de agosto, el presidente Gustavo Petro cuestionó en diversas ocasiones el actuar de la justicia colombiana no solo por una falta de celeridad en las indagaciones, sino en la falta de sanciones impuestas al emisor y su filial por hechos de corrupción en la Ruta del Sol II tramo Ocaña – Gamarra.

Al respecto, recordó un debate liderado en el Congreso cuando fue senador de la República y en el que detalló cómo funcionó el entramado de corrupción alrededor de la multinacional brasileña. Parte de su intervención fue rememorada por él mismo en su cuenta de X (Twitter), incluyendo datos de un supuesto soborno de 3.4 millones de dólares hecho por Aval a un funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos.

Según lo expuesto por el actual mandatario, dicha coima estaría ligada a un contrato de estabilidad jurídica que redujo la tasa de impuesto de renta del 35% a cerca del 1%. “El abogado de esta operación por el grupo Aval fue el posterior fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Mártinez, por el cual recibió una comisión de éxito”, señaló el jefe de Estado en su publicación.

Así las cosas, agregó que es perentorio investigar a los funcionarios que tuvieron nexos con estos acuerdos de estabilidad jurídica y cuyos nombres fueron revelados en el debate que lideró ante el Legislativo.

Posteriormente, también durante el martes 15 de agosto, ordenó a la Cancillería colombiana utilizar “todos los mecanismos de colaboración jurídica” con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para determinar los daños y reparaciones que lo dicho por el Grupo Aval debe generar al país.

“Los contratos entre Corifcolombiana y el estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”, dijo en su trino, y ordenó a la Fiscalía reabrir los procesos con el objetivo de determinar los destinatarios de los sobornos hechos por Odebrecht.

Por otra parte, el exfiscal Martínez exigió al presidente Petro rectificar sus acusaciones por el escándalo de corrupción. A través de una carta, sostuvo que “creía superado su proceder de acoso sistemático, pero no es así” y refuto algunas de las afirmaciones de Petro, como el hecho de que él no fue abogado del consorcio a la hora de adjudicar la concesión y que, en cambio, brindó asistencia para el contrato de estabilidad jurídica.

“–Fue– por un encargo profesional que se me hizo en el año 2010, seis años antes de conocerse que Odebrecht era una empresa corrupta”, sostuvo el exfiscal en la misiva.

INFOBAE