Luego de que se conociera el video en el que un grupo de hombres vestidos de camuflado y con armas largas amenaza a los habitantes de un caserío en zona rural de Tierralta, municipio en el sur del departamento de Córdoba, el Ejército se pronunció luego de que se conociera la versión de que no se trataba de miembros de una de las disidencias de las FARC, como pretendieron identificarse, si no que son militares activos, donde el elemento clave para identificarlos fueron precisamente los fusiles que portaban y con los que intimidaron a la población.

A través de un comunicado oficial, esa fuerza militar indicó en la mañana del miércoles 13 de septiembre, que serían uniformados que velan por la seguridad en esa zona del Caribe colombiano.

“Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín”, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional (sic)”, afirma la misiva.

Por estos hechos, la misma fuerza militar anunció que se realizará una investigación por lo ocurrido, así como también se le hizo el llamado al resto de organismos estatales para que lleven a cabo también sus indagaciones.

“Inmediatamente se conoció la información, se desplazó una comisión inspectora, y ya se encuentra en el lugar de los hechos verificando los procesos y procedimientos efectuados por parte de la unidad militar. De la misma manera se dio aviso a las autoridades competentes y se iniciará la Indagación disciplinaria correspondiente, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1862 de 2017 (sic)”, agregaron.

Finalmente condenaron este hecho de violencia que atenta contra su obligación constitucional de proteger a los ciudadanos, en especial a los que están en indefensión.

“Este Comando rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (sic)”, concluyeron.

Entre tanto en el informativo de televisión Noticias Caracol señalaron que las armas largas que portaban eran fusiles Galil Ace 23, que son de uso exclusivo del Ejército, de acuerdo con la información de la misma fuerza militar donde recopilaron las grabaciones de los pobladores que estaban denunciando que se eran soldados los violentos que los amedrentaron.

Agregaron que el otro elemento clave es el denominado cartucho de la vida, que se trata de un dispositivo similar a un proyectil que es de color amarillo y que impide que el arma de fuego se dispare, incluso sin estar asegurada, que igualmente solo usan los miembros de la Fuerza Pública.

Finalmente, en el Ejército revisaron la coordenadas de las tropas que se encuentran en esa zona del departamento y se estableció que coincidían con la de la vereda en que ocurrió el grave hecho.

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, señaló en ese mismo noticiero que de ratificarse que se trató de militares, se le estaría dando un duro golpe a la confianza que tienen en la Fuerza Pública en ese territorio.

“Hasta la tarde de ayer ellos se autodenominaron como disidencias de las FARC, pero la hipótesis que cobró fuerza en la noche anterior y confirmada por la misma VII División manifiesta que posiblemente son hombres del Ejército, lo cual genera muchísimas dudas (…) Hoy se rompe la confianza en la institucionalidad de ser confirmada dicha versión”, expresó en Noticias Caracol.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación anunció, a través de su cuenta oficial de la red social X, que iniciarían las indagaciones correspondientes.

“A raíz de los videos que están circulando por redes sociales en los que se ve a hombres armados intimidando a la población civil, en un caserío en Tierralta, Córdoba, la #Fiscalía General de la Nación conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio (sic)”, trinaron.

La Defensoría del Pueblo también rechazó el hecho y señalaron que desde su regional en el sur de Córdoba están haciendo presencia en la zona, así como para Tierralta hay una alerta temprana por el riesgo en que se encuentran sus habitantes.

“Hacemos un llamado a la institucionalidad y a las autoridades para que acompañe a la población y brinde garantías de protección de sus #DDHH y así se eviten desplazamientos forzados y/o confinamiento de la población (sic)”, señalaron.

En la grabación, que se hizo viral en redes sociales, se observa al grupo de hombres armados ingresando al caserío que se ubica en la vereda Bocas del Manso provocado temor a los pobladores entre los que había varios niños que entraron en llanto por el miedo que les provocaron los violentos.

Luego de que se conociera el video en el que un grupo de hombres vestidos de camuflado y con armas largas amenaza a los habitantes de un caserío en zona rural de Tierralta, municipio en el sur del departamento de Córdoba, el Ejército se pronunció luego de que se conociera la versión de que no se trataba de miembros de una de las disidencias de las FARC, como pretendieron identificarse, si no que son militares activos, donde el elemento clave para identificarlos fueron precisamente los fusiles que portaban y con los que intimidaron a la población.

A través de un comunicado oficial, esa fuerza militar indicó en la mañana del miércoles 13 de septiembre, que serían uniformados que velan por la seguridad en esa zona del Caribe colombiano.

“Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín”, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional (sic)”, afirma la misiva.

Por estos hechos, la misma fuerza militar anunció que se realizará una investigación por lo ocurrido, así como también se le hizo el llamado al resto de organismos estatales para que lleven a cabo también sus indagaciones.

“Inmediatamente se conoció la información, se desplazó una comisión inspectora, y ya se encuentra en el lugar de los hechos verificando los procesos y procedimientos efectuados por parte de la unidad militar. De la misma manera se dio aviso a las autoridades competentes y se iniciará la Indagación disciplinaria correspondiente, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1862 de 2017 (sic)”, agregaron.

Finalmente condenaron este hecho de violencia que atenta contra su obligación constitucional de proteger a los ciudadanos, en especial a los que están en indefensión.

“Este Comando rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (sic)”, concluyeron.

Entre tanto en el informativo de televisión Noticias Caracol señalaron que las armas largas que portaban eran fusiles Galil Ace 23, que son de uso exclusivo del Ejército, de acuerdo con la información de la misma fuerza militar donde recopilaron las grabaciones de los pobladores que estaban denunciando que se eran soldados los violentos que los amedrentaron.

Agregaron que el otro elemento clave es el denominado cartucho de la vida, que se trata de un dispositivo similar a un proyectil que es de color amarillo y que impide que el arma de fuego se dispare, incluso sin estar asegurada, que igualmente solo usan los miembros de la Fuerza Pública.

Finalmente, en el Ejército revisaron la coordenadas de las tropas que se encuentran en esa zona del departamento y se estableció que coincidían con la de la vereda en que ocurrió el grave hecho.

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, señaló en ese mismo noticiero que de ratificarse que se trató de militares, se le estaría dando un duro golpe a la confianza que tienen en la Fuerza Pública en ese territorio.

“Hasta la tarde de ayer ellos se autodenominaron como disidencias de las FARC, pero la hipótesis que cobró fuerza en la noche anterior y confirmada por la misma VII División manifiesta que posiblemente son hombres del Ejército, lo cual genera muchísimas dudas (…) Hoy se rompe la confianza en la institucionalidad de ser confirmada dicha versión”, expresó en Noticias Caracol.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación anunció, a través de su cuenta oficial de la red social X, que iniciarían las indagaciones correspondientes.

“A raíz de los videos que están circulando por redes sociales en los que se ve a hombres armados intimidando a la población civil, en un caserío en Tierralta, Córdoba, la #Fiscalía General de la Nación conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio (sic)”, trinaron.

La Defensoría del Pueblo también rechazó el hecho y señalaron que desde su regional en el sur de Córdoba están haciendo presencia en la zona, así como para Tierralta hay una alerta temprana por el riesgo en que se encuentran sus habitantes.

“Hacemos un llamado a la institucionalidad y a las autoridades para que acompañe a la población y brinde garantías de protección de sus #DDHH y así se eviten desplazamientos forzados y/o confinamiento de la población (sic)”, señalaron.

En la grabación, que se hizo viral en redes sociales, se observa al grupo de hombres armados ingresando al caserío que se ubica en la vereda Bocas del Manso provocado temor a los pobladores entre los que había varios niños que entraron en llanto por el miedo que les provocaron los violentos.