Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del pueblo, denunció una preocupante realidad en Colombia: la instrumentalización de diferentes regiones por parte de grupos armados. Estos grupos, incluyendo las estructuras residuales de las Farc y el Clan del Golfo, están utilizando tácticas inquietantes, como la imposición de carnés o “pasaportes” para controlar el movimiento de los habitantes en áreas vulnerables del país.

La estrategia que están empleando para controlar la movilidad es efectiva. Los consejos comunitarios se han convertido en cómplices involuntarios al exigir a la población la obtención de carnés con fotografía para permitirles entrar y salir de sus propias comunidades. Esto no solo afecta a los residentes, sino también a los funcionarios de las entidades que operan en estas zonas, quienes se ven obligados a obtener un sello mensual en sus carnés, pagando un impuesto que en realidad es una forma de extorsión.

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Las regiones más afectadas por esta opresión son el norte de Nariño y el sur del Cauca, donde los habitantes enfrentan restricciones extremas a su movilidad y los funcionarios son sometidos a una especie de chantaje económico.

Pero la violencia y el control no se detienen aquí. En otras partes del país, como Putumayo, los residentes deben acudir a las alcaldías para obtener un certificado que demuestre su pertenencia al municipio, lo que les permite entrar y salir de su territorio. En esta región, tanto la nueva Marquetalia como el Estado Mayor Central tienen presencia, y el Clan del Golfo está ganando terreno en Tumaco, según explicó Luis Andrés Fajardo

Este recurso ilegal ya se ha denunciado este año. En mayo del 2023, la revista Cambio realizó un reportaje sobre grupos ilegales que usaban esta misma técnica de control intermunicipal y fronteras invisibles.

En su momento, varios medios nacionales registraron el caso más impactante se registró el 2 de mayo del 2023 en Balboa, donde fue asesinado Diego Fernando Papamija Chilito, un líder comunitario y social. Papamija Chilito, miembro de Asocomunal del municipio de Argelia, ocupaba importantes roles en su comunidad. Este asesinato es solo un ejemplo de la violencia que azota la región.

Los combates entre la columna Carlos Patiño del Estado Mayor Central, perteneciente a las disidencias de las Farc, y los integrantes de la Segunda Marquetalia, bajo las órdenes de alias Iván Márquez, fue el contexto escénico en el que se presentó el asesinato de Papamija Chilita, pues el líder indígena se dirigía hacia el corregimiento Puerto Rico, Cauca, cuando fue interceptado y ejecutado por hombres armados. Estos eventos sucedieron mientras los grupos armados del ELN y las disidencias de las Farc libraban combates en la vereda El Palmar, municipio de Puerto Rico, dejando a tres jóvenes heridos y uno de ellos fallecido.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y habitantes de la zona, en este conflicto, los grupos ilegales han dividido el sur del Cauca en dos partes. Los habitantes de Mango, Sinaí, Puerto Rico y Argelia están bajo el dominio de la Segunda Marquetalia, que ha establecido una peligrosa alianza con el ELN. Por otro lado, los municipios del Plateado, La Emboscada, San Juan de Micay y Honduras están bajo la influencia de la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, según explicó el medio ya mencionado.

Para transitar por estas zonas, las personas deben portar un carné especial emitido por las organizaciones criminales. La falta de este carné puede llevar a consecuencias mortales, como lo atestigua un habitante local.

El límite impuesto por estas organizaciones se encuentra en el corregimiento La Esperanza, donde ambas facciones controlan el flujo de vehículos y la entrada y salida de personas. Las historias de campesinos asesinados y arrojados al río por cruzar inadvertidamente esta frontera son escalofriantes y sirven como advertencia para quienes se aventuran al otro lado.

Este panorama es una llamada de atención para las autoridades y la sociedad en su conjunto. Colombia enfrenta una creciente amenaza a la libertad de movimiento y un aumento en la influencia de grupos armados en regiones estratégicas. La lucha contra esta problemática requerirá no solo medidas de seguridad, sino también un enfoque en el fortalecimiento de las comunidades y la garantía de sus derechos fundamentales. La situación es urgente y demanda una respuesta efectiva para liberar a estas regiones del control opresivo de los grupos armados.

INFOBAE

Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del pueblo, denunció una preocupante realidad en Colombia: la instrumentalización de diferentes regiones por parte de grupos armados. Estos grupos, incluyendo las estructuras residuales de las Farc y el Clan del Golfo, están utilizando tácticas inquietantes, como la imposición de carnés o “pasaportes” para controlar el movimiento de los habitantes en áreas vulnerables del país.

La estrategia que están empleando para controlar la movilidad es efectiva. Los consejos comunitarios se han convertido en cómplices involuntarios al exigir a la población la obtención de carnés con fotografía para permitirles entrar y salir de sus propias comunidades. Esto no solo afecta a los residentes, sino también a los funcionarios de las entidades que operan en estas zonas, quienes se ven obligados a obtener un sello mensual en sus carnés, pagando un impuesto que en realidad es una forma de extorsión.

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Este recurso ilegal ya se ha denunciado este año. En mayo del 2023, la revista Cambio realizó un reportaje sobre grupos ilegales que usaban esta misma técnica de control intermunicipal y fronteras invisibles.

En su momento, varios medios nacionales registraron el caso más impactante se registró el 2 de mayo del 2023 en Balboa, donde fue asesinado Diego Fernando Papamija Chilito, un líder comunitario y social. Papamija Chilito, miembro de Asocomunal del municipio de Argelia, ocupaba importantes roles en su comunidad. Este asesinato es solo un ejemplo de la violencia que azota la región.

Los combates entre la columna Carlos Patiño del Estado Mayor Central, perteneciente a las disidencias de las Farc, y los integrantes de la Segunda Marquetalia, bajo las órdenes de alias Iván Márquez, fue el contexto escénico en el que se presentó el asesinato de Papamija Chilita, pues el líder indígena se dirigía hacia el corregimiento Puerto Rico, Cauca, cuando fue interceptado y ejecutado por hombres armados. Estos eventos sucedieron mientras los grupos armados del ELN y las disidencias de las Farc libraban combates en la vereda El Palmar, municipio de Puerto Rico, dejando a tres jóvenes heridos y uno de ellos fallecido.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y habitantes de la zona, en este conflicto, los grupos ilegales han dividido el sur del Cauca en dos partes. Los habitantes de Mango, Sinaí, Puerto Rico y Argelia están bajo el dominio de la Segunda Marquetalia, que ha establecido una peligrosa alianza con el ELN. Por otro lado, los municipios del Plateado, La Emboscada, San Juan de Micay y Honduras están bajo la influencia de la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, según explicó el medio ya mencionado.

Para transitar por estas zonas, las personas deben portar un carné especial emitido por las organizaciones criminales. La falta de este carné puede llevar a consecuencias mortales, como lo atestigua un habitante local.

El límite impuesto por estas organizaciones se encuentra en el corregimiento La Esperanza, donde ambas facciones controlan el flujo de vehículos y la entrada y salida de personas. Las historias de campesinos asesinados y arrojados al río por cruzar inadvertidamente esta frontera son escalofriantes y sirven como advertencia para quienes se aventuran al otro lado.

Este panorama es una llamada de atención para las autoridades y la sociedad en su conjunto. Colombia enfrenta una creciente amenaza a la libertad de movimiento y un aumento en la influencia de grupos armados en regiones estratégicas. La lucha contra esta problemática requerirá no solo medidas de seguridad, sino también un enfoque en el fortalecimiento de las comunidades y la garantía de sus derechos fundamentales. La situación es urgente y demanda una respuesta efectiva para liberar a estas regiones del control opresivo de los grupos armados.

INFOBAE