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El nombre de la Amazonia, el bosque más grande del mundo, ha resonado en los últimos días a miles de kilómetros, en Santiago de Compostela, España. Los representantes de Economía y Finanzas de la Unión Europea y los países latinoamericanos llegaron a la ciudad gallega el viernes para concretar los proyectos en los que invertir los 45.000 millones de euros que los Veintisiete prometieron desembolsar al otro lado del Atlántico. El gran pulmón del planeta fue uno de los principales puntos de interés de los 60 países y los actores económicos participantes congregados, que pusieron en marcha nuevas iniciativas y revelaron el interés en su preservación.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, presentaba en un desayuno el Amazonia Siempre, un programa todavía en gestación que busca aglutinar iniciativas y reforzar la colaboración entre organizamos financieros para escalar recursos económicos y generar el mayor impacto en el territorio. Goldfajn no concretó las cifras económicas del megaproyecto ni las previsiones con las que contaban hasta el momento, pero adelantó buscarán tener concreciones claras de cara a la COP30, la reunión internacional sobre el clima que se celebrará en Belém do Pará (Brasil) en 2025.

“Estamos llamando a todos, y diciéndoles: ‘Vamos a trabajar juntos”, afirmó en una rueda de prensa posterior a la primera conversación informal de la reunión de Santiago. El presidente del BID mencionó algunos organismos que ya han firmado el proyecto, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el conjunto intergubernamental constituido por ocho países amazónicos; la Red de Ciudades BID; o la Coalición Verde, que reúne a 20 bancos públicos de la región.

Más allá de un pulmón

La Amazonia tiene gran importancia a nivel internacional por su capacidad de absorber millones de toneladas de de dióxido de carbono, pero también por la cantidad de biodiversidad, ecosistemas y recursos que contiene. El gran pulmón verde del planeta representa entre el 4% y el 6% de la superficie total de la Tierra; y entre 25% y 40% de la superficie de América, de acuerdo a los datos de la OTCA.

A comienzos de verano, la UE puso en vigor un reglamento para frenar la deforestación en el mundo. Ese documento prohíbe la entrada al territorio comunitario de productos que utilizaran madera de zonas deforestadas. La normativa fue tomada con recelo al otro lado del Atlántico, vista como medida proteccionista y un tanto colonial. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores brasileño criticó que la norma cuenta con un “carácter punitivo y discriminatorio” contra los pequeños productores. Ese mismo documento estaba suscrito por 10 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), pero también por Indonesia (que cuenta con uno de los mayores bosques tropicales del mundo), Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia.

La gerente de cambio climático de CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Alicia Montalvo, cuenta a este diario que, en ocasiones, los planes para el cuidado de la Amazonia partían del foco difuso, que solo tienen en cuenta el cambio climático, dejando de lado a los habitantes del territorio. “Hay que protegerlo porque ahí vive mucha gente que tiene las condiciones de vida especialmente duras que no les estamos ayudando a resolver. No les estamos dando medios de vida y les decimos que los medios de vida que tienen están destruyendo la naturaleza […] Creo que el reto principal es cómo preparar la calidad de vida y dar sistemas para que la gente pueda vivir en condiciones dignas. A veces me hago la pregunta: si estas comunidades indígenas vivieran en una zona desértica, ¿nos estaríamos planteando lo mismo?”, explica. La cuenca amazónica cuenta con 48 millones de habitantes. Algunos de ellos forman parte de los 400 pueblos indígenas que hablan más de 300 idiomas distintos solo en esa zona.

El proyecto Amazonia Siempre refleja el interés de los organismos reunidos en Santiago en el territorio boscoso. CAF fue uno de los bancos firmantes de la iniciativa, pero también ha desarrollado algunos proyectos propios. En 2020, firmó junto a a la OCTA la acción Economía Resiliente – Amazonia 2030 para promover el flujo de información entre instituciones y organismos intergubernamentales. Montalvo considera esencial reforzar las colaboraciones regionales para la viabilidad de los proyectos. “El principal problema, o uno de ellos, es que las instituciones trabajamos país por país, y hay que trabajarlo de manera integrada”, resume. El banco de desarrollo ha dado los primeros pasos en una hoja de ruta crítica para la Amazonia, con la que tratan de mapear las oportunidades y las problemáticas que se extienden en el territorio. En este sendero marcan cinco ejes de actuación, que parten desde el trabajo con la biodiversidad al ecoturismo y el desarrollo social de la población autóctona –con proyectos de educación, salud o tenencia de la tierra–.

Los puntos de una reunión “histórica”

La vicepresidenta primera en funciones de España, Nadia Calviño, decía tras las reuniones entre la UE y los países latinoamericanos que para salvaguardar el extenso bosque hacía falta un compromiso común por parte de todos los países. “Cuidar la Amazonia es una responsabilidad global por su impacto fundamental en la lucha contra el cambio climático, en la calidad del agua y el aire, y en la prosperidad de todo el planeta”, explicaba la ministra, que ha fungió como anfitriona de la reunión, organizada durante la presidencia de turno del Consejo de la UE que ostenta España.

Los países reunidos en Santiago llegaron al lugar para concretar los más de 130 proyectos acordados el pasado mes de julio en la Cumbre UE-Celac, el encuentro en el que se prometió esa inversión de 45.000 millones de euros en el territorio de América Latina y el Caribe. Los 60 países y los actores económicos coincidieron en la necesidad de que el desembolso se realizara a través de una agenda verde, digital y enfocada en el desarrollo humano, los ejes de trabajo que han ido marcando sus conversaciones de la última semana.

“Hemos hablado de proyectos reales y hemos mostrado unánimemente la determinación de establecer un marco de gobernanza que garantice que estos proyectos se van a hacer realidad”, exponía Calviño. La reunión no definió del todo los trabajos en los que se destinarían las inversiones ni qué formas de financiación van a utilizar para ello, ya que, afirman, variarán dependiendo de cada caso. Lo que sí dejó el encuentro es una fecha de horizonte: 2027. “Queremos que estos 45.000 millones de euros sean ejecutados de aquí al 2027″, defendió el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados.

El evento –tildado de “histórico” antes de que diera inicio– ha supuesto un nuevo acercamiento de las posturas de ambas partes tras la reunión de Bruselas. Los 45.000 millones de euros prometidos por la UE se enmarcan en la iniciativa Global Gateaway para impulsar la transición “justa, ecológica y digital” en un contexto geopolítico cambiante con las consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania y el aumento de la influencia china en América Latina. La inversión también marcaba una importante toma de contacto entre las dos regiones, que juntas suman más de 1.000 millones de personas (el 14% de la población del planeta) y el 21% del PIB.

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