El Gobierno Petro presentó un recurso ante el Consejo de Estado para intentar revertir la decisión que suspendió provisionalmente el traslado masivo de pacientes a Nueva EPS, entidad actualmente intervenida por el Ejecutivo.
El Ministerio de Salud cuestionó la medida judicial y aseguró que la decisión estaría influenciada por una visión “ideológica” sobre el sistema de salud colombiano.
Según el documento conocido por Revista Semana, el recurso fue radicado por el abogado Juan Camilo Escallón en representación del Ministerio de Salud y busca tumbar la medida cautelar que frenó el decreto relacionado con el traslado de usuarios hacia Nueva EPS.
El Gobierno cuestionó duramente la decisión del Consejo de Estado.
En el recurso de 28 páginas, el Ministerio de Salud sostuvo que la suspensión provisional del decreto estaría basada en criterios que, según afirmó, privilegian el mercado y la competencia por encima de la organización estatal del sistema de salud.
“Se considera, subyace y se antepone una concepción ideológica”, señala uno de los apartes del documento radicado por la cartera de Salud.
El Gobierno aseguró además que la decisión judicial contendría “juicios a priori” y una visión distorsionada sobre las medidas administrativas impulsadas por el Ejecutivo.
La polémica gira alrededor del traslado de millones de pacientes a Nueva EPS.
La controversia surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que abría la posibilidad de trasladar usuarios a Nueva EPS, EPS intervenida actualmente por el Gobierno Petro.
La decisión judicial encendió el debate sobre la sostenibilidad financiera de la entidad y los riesgos que implicaría concentrar millones de afiliados en una EPS que atraviesa dificultades operativas y económicas.
Además, el fallo hizo énfasis en el principio de libre escogencia de los usuarios dentro del sistema de salud.
El Ministerio de Salud defendió la medida como una estrategia para proteger el sistema.
Dentro del recurso, el Gobierno argumentó que el decreto buscaba evitar la fragmentación de afiliados y garantizar continuidad en la prestación de servicios médicos.
También sostuvo que la decisión tenía como objetivo fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de salud y mejorar la eficiencia administrativa.
“Evitar fragmentación de la afiliación, fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, asegurar continuidad y eficiencia del servicio”, argumentó el Ministerio en el documento.
El Gobierno insiste en que la suspensión afecta el derecho a la salud.
Según la posición expuesta por el Ministerio de Salud, la decisión cautelar impediría desarrollar medidas administrativas necesarias para garantizar el acceso a los servicios de salud de millones de usuarios.
El documento también cuestionó que el Consejo de Estado hubiera sobredimensionado el principio de libre escogencia de EPS.
Para el Gobierno, las conclusiones de la alta corte sobre posibles riesgos en el traslado de pacientes serían “totalmente especulativas”.
El Ministerio señaló que existen prejuicios ideológicos sobre el modelo de salud.
Uno de los apartes más polémicos del recurso sostiene que la decisión judicial respondería a una visión cercana a corrientes neoliberales y privatizadoras del sistema de salud.
“La opción política que defiende la funcionaria judicial es propia de las corrientes neoliberales y privativistas de la salud”, aseguró el Ministerio de Salud dentro del documento.
La cartera también afirmó que algunos apartes normativos fueron utilizados “de manera descontextualizada”.
La decisión final volverá a quedar en manos del Consejo de Estado.
La magistrada Nubia Margoth Peña, integrante de la Sección Primera del Consejo de Estado, deberá estudiar el recurso presentado por el Gobierno Petro y definir si mantiene o revoca la suspensión provisional del decreto.
Mientras tanto, continúa el debate político y jurídico alrededor del futuro de Nueva EPS y del manejo de los pacientes dentro del sistema de salud colombiano.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes en medio de las discusiones sobre las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional.
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