La decisión fue tomada este 20 de mayo por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que acusó al presidente Gustavo Petro de intervenir en asuntos internos bolivianos
El Gobierno de Bolivia declaró persona non grata a la embajadora de Colombia en el país, Elizabeth García, y ordenó su expulsión este 20 de mayo de 2026 por lo que consideró injerencias del presidente Gustavo Petro en asuntos internos bolivianos relacionados con la situación judicial de Evo Morales.
Según informó la cancillería de Bolivia, la decisión responde a la “injerencia constante” del mandatario colombiano y a un presunto apoyo al “movimiento desestabilizador” que, en opinión de las autoridades bolivianas, afecta la democracia del país andino.
La medida fue oficializada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en el que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira aseguró que la decisión se tomó “en ejercicio de sus atribuciones soberanas y en estricto apego al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”.
En el documento, la cancillería boliviana informó que solicitó a la diplomática colombiana la conclusión de sus funciones en territorio boliviano y le otorgó el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes.
“El Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”, señaló el comunicado oficial.
Asimismo, el Gobierno boliviano sostuvo que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional y mediante mecanismos democráticos e institucionales, “sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización”.
La cancillería aclaró además que la expulsión de Elizabeth García no implica una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia y reiteró la disposición de La Paz de mantener abiertos los canales diplomáticos y de cooperación bilateral.
La decisión fue anunciada apenas un día después de que Bolivia rechazara públicamente las declaraciones realizadas por Gustavo Petro sobre la crisis política en ese país. El 19 de mayo, la cancillería boliviana ya había advertido que los comentarios del mandatario colombiano constituían una intervención indebida en asuntos internos.
La tensión diplomática escaló luego de varios mensajes publicados por Petro en su cuenta de X, donde calificó las protestas registradas en Bolivia como una “insurrección popular” y afirmó que la crisis actual es consecuencia de “la soberbia geopolítica”.
“Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, escribió el presidente colombiano, declaraciones que provocaron fuertes reacciones dentro del Gobierno boliviano y entre distintos sectores políticos de ese país.
La crisis ocurre en medio de un escenario político particularmente complejo para Bolivia. Rodrigo Paz Pereira llegó a la presidencia hace seis meses, poniendo fin a casi dos décadas de predominio político del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado históricamente por Evo Morales.
Desde entonces, Bolivia enfrenta una creciente ola de protestas, bloqueos y movilizaciones impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas y sectores vecinales. Las manifestaciones comenzaron en abril con reclamos salariales, pero posteriormente escalaron hacia exigencias de renuncia contra el mandatario boliviano.
La Central Obrera Boliviana mantiene protestas activas y exige un aumento salarial del 20 %. En respuesta a los bloqueos registrados entre La Paz y El Alto, el Gobierno desplegó operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas para recuperar corredores estratégicos y garantizar el tránsito en distintas zonas del país.
Sin embargo, ante el riesgo de una escalada mayor de violencia, el Ejecutivo boliviano optó posteriormente por abrir espacios de negociación con dirigentes indígenas y campesinos.
Las declaraciones de Petro fueron interpretadas por varios sectores políticos bolivianos como un respaldo indirecto a Evo Morales, quien actualmente permanece prófugo luego de ser declarado en rebeldía por el Tribunal de Tarija. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura dentro de una investigación por presuntos delitos de trata de menores.
En medio de la controversia, Petro también defendió la necesidad de fortalecer la democracia regional y garantizar derechos políticos en América Latina.
“No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas”, afirmó el mandatario colombiano en otro de sus mensajes difundidos en redes sociales.
Tras las declaraciones del presidente colombiano, Evo Morales expresó públicamente su respaldo a Petro y le agradeció por “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”.
La reacción oficial boliviana fue inmediata. La cancillería aseguró que las palabras de Petro “no reflejan la buena relación histórica entre ambos países” y reiteró que la crisis institucional boliviana únicamente puede ser resuelta por decisión del pueblo boliviano y dentro de los mecanismos establecidos por su Constitución.
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