Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, dijo que el peso institucional de los mensajes emitidos desde la presidencia supera el alcance de una simple opinión y puede debilitar la confianza pública
La presidenta del Consejo Gremial Nacional (CGN), Natalia Gutiérrez, emitió un fuerte pronunciamiento frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que puso en duda la transparencia del proceso electoral en Colombia. En medio de alta tensión política, la dirigente gremial calificó como “inaceptable” que el jefe de Estado cuestione los resultados reconocidos por autoridades nacionales y observadores internacionales, y alertó sobre los riesgos para la institucionalidad democrática.
Como se recordará, Petro difundió en su cuenta oficial en X presuntas pruebas de irregularidades ocurridas en la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda.
El mandatario aseguró que el software electoral habría sido modificado y que cerca de 885.000 cédulas fueron incorporadas de manera irregular al censo, lo que, en su perspectiva, infló el número de votantes y alteró los resultados.
Petro afirmó: “Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente”. El presidente insistió en que sus pruebas evidencian la existencia de mesas con más votantes que lo físicamente posible y anunció que llevaría sus denuncias ante el Consejo Nacional Electoral.
Las acusaciones fueron replicadas también por Cepeda, aunque luego él mismo reconoció de manera pública que su equipo de auditoría no halló anomalías que pusieran en duda la victoria de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que lideró la primera vuelta.
Organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE), la Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) participaron en la supervisión del proceso y descartaron irregularidades relevantes. La Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridad responsable de la organización de los comicios, también desmintió que se hubiera alterado el censo electoral o el software de conteo días antes de la jornada.
No es una simple opinión
Frente a este escenario, Natalia Gutiérrez escribió en X un hilo en el que expuso que “el presidente no puede usar su cargo para intervenir en política, sembrar sospechas sobre las elecciones y hablar de fraude sin pruebas suficientes”. Para la también presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), el peso institucional de los mensajes emitidos desde la Presidencia supera el alcance de una simple opinión y puede debilitar la confianza pública, al tiempo que genera incertidumbre y expone al país a un clima de confrontación.
Recordó que la democracia colombiana se fundamenta en el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, la función de las autoridades electorales y el rol de los jueces. Citó un fallo judicial que ordenó a Petro rectificar sus señalamientos sobre supuesto fraude, y sostuvo que persistir en esa narrativa representa un desconocimiento de las decisiones judiciales.
El respaldo a la Registraduría y a las autoridades electorales, enfatizó Gutiérrez, debe ser “claro”, ya que defender su independencia, legitimidad y labor es equivalente a proteger la democracia y el derecho al voto. Según ella,no existe margen para “silencios calculados” ni para aceptar que los resultados se reconozcan solo por etapas o conveniencia.
“Aceptar después un resultado no borra el daño causado. Las acusaciones de fraude, cuando se hacen sin sustento, viajan más rápido que cualquier rectificación y dejan instalada una sospecha injustificada sobre todo el proceso democrático”, señaló la dirigente gremial.
La polémica se agudizó después de que el propio Petro exigiera a la Registraduría la entrega del código fuente del sistema de conteo y compartiera en redes sociales archivos con supuestas inconsistencias. El mandatario identificó más de 5.300 mesas donde, según sus datos, la cantidad de votos superó la capacidad física de los puestos de votación. Sin embargo, la MOE y la autoridad electoral argumentaron que este tipo de diferencias corresponde a la contabilización de votos en el exterior, donde los consulados y embajadas suelen registrar volúmenes superiores a los de una mesa estándar.
Anteriormente, la Registraduría publicó el 4 de mayo los potenciales de votantes y la distribución de puestos, información que fue entregada a las organizaciones políticas. La entidad señaló que no existió ninguna modificación al software el 26 de mayo, fecha señalada por el presidente, y que los registros definitivos quedaron cerrados el 30 de abril para un total de 41.421.973 colombianos habilitados para votar en el país y el exterior.
Natalia Gutiérrez reiteró la importancia de defender valores como la institucionalidad, reglas claras, estabilidad, inversión, empleo y respeto por la ciudadanía, la democracia y la Constitución.
“Frente a la participación indebida en política, el discurso de fraude sin pruebas y el desconocimiento de decisiones judiciales, el país no puede guardar silencio. Defender la democracia exige poner límites claros a quienes pretenden erosionarla desde el poder”, concluyó la presidenta del Consejo Gremial Nacional.
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