La continuidad de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol se definirá el 28 de agosto de 2026, cuando la asamblea posesione al nuevo comité ejecutivo en medio de una disputa jurídica sobre si el dirigente ya completó el máximo de 12 años continuos que permite la norma para cargos de elección en organismos deportivos.

El pulso ya salió del terreno teórico. Según dijo el periodista deportivo Gabriel Meluk en sus redes sociales, el presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, presentó un recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte contra la inscripción de Jesurún en el Comité Ejecutivo por los periodos ya cumplidos, en un movimiento que agitó el panorama entre los clubes antes de la asamblea.

El dirigente fue elegido en 2015 para reemplazar a Luis Bedoya, quien dejó la presidencia en medio del escándalo del llamado Fifagate, tras entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

El debate jurídico se centra en cómo contar los periodos de Ramón Jesurún como presidente

De acuerdo con el Decreto 1228 de 1995, los miembros de los órganos de administración de los organismos deportivos tienen periodos de cuatro años y pueden ser reelegidos hasta por dos periodos sucesivos. La regla, en la práctica, fija un tope de tres periodos seguidos, equivalentes a 12 años continuos.

La discusión no está en el texto de la norma, sino en su aplicación al caso del actual presidente de la FCF. Los dirigentes que respaldan su continuidad sostienen que solo deben contarse los periodos en que fue elegido por la asamblea de la Federación.

Quienes objetan esa lectura afirman que, según los estatutos de la Federación, el presidente de la Dimayor pasa a ser automáticamente primer vicepresidente del comité ejecutivo federativo. Bajo ese criterio, la llegada de Jesurún desde ese cargo también tendría efectos para contabilizar periodos consecutivos en el órgano de administración de la Federación.

El Ministerio del Deporte ya se pronunció sobre el alcance de su intervención. El 2 de marzo, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control indicó que no tiene competencia para emitir pronunciamientos que autoricen o sean vinculantes sobre situaciones que aún no se han concretado y que dependen de la autonomía privada.

La cartera agregó que sus conceptos son de carácter general y abstracto, que no resuelven situaciones particulares ni constituyen asesoría para solucionar controversias o determinar consecuencias jurídicas derivadas de decisiones de una entidad deportiva específica. Esa respuesta fue emitida durante la administración de la saliente ministra Patricia Duque.