Una denuncia por presunto acoso, supuestos seguimientos y una investigación judicial rodean el caso de la directora del Fondo de Adaptación, del Gobierno Petro, que lleva un mes incapacitada
El entorno de la Casa de Nariño vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse la crítica situación que atraviesa Angie Lizeth Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación —entidad encargada de ejecutar proyectos de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático— y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
De acuerdo con la información revelada por la revista Cambio, la funcionaria de 34 años lleva casi un mes apartada de su cargo debido a una severa crisis en su salud mental, detonada presuntamente por episodios de acoso laboral, espionaje e incluso un supuesto intento de envenenamiento dentro del propio Gobierno nacional de Gustavo Petro.
Rodríguez, que llegó al gabinete en febrero de 2025 con el respaldo del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pasó de ser la mano derecha del jefe de Estado a convertirse en una figura incómoda para el Ejecutivo.
Los detalles de su historia clínica y las acciones legales que emprendió para proteger su vida y su integridad física acaban de encender las alarmas sobre el ambiente que se vive en las altas esferas del poder, de acuerdo con el medio en mención.
Una supuesta crisis psiquiátrica detonada en el palacio presidencial
De acuerdo con el medio en mención, Angie Rodríguez no asiste a sus labores en el Fondo Adaptación desde el 18 de junio, acumulando 23 días de licencia médica tras renovar su incapacidad en dos ocasiones.
Los informes médicos conocidos detallan que padece síntomas de ansiedad severa, insomnio, dolor torácico, náuseas y llanto frecuente, sumado a un diagnóstico de trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada que se reactivó por las presiones de su entorno laboral.
La propia administradora pública detalló ante la justicia que sus problemas emocionales estallaron en noviembre de 2025, al coincidir con sus primeras denuncias públicas por presuntos actos de corrupción en Palacio y sus rencillas con el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo.
“Durante el mes de noviembre de 2025 inicié atención y seguimiento psiquiátrico especializado como consecuencia de las afectaciones emocionales y psicológicas que venía experimentando en el contexto de los acontecimientos que para entonces enfrentaba”, advirtió Rodríguez en una acción de tutela de la que se conoció en su momento.
Amenazas, espionaje y la denuncia por presunto envenenamiento
El drama de la exdirectora del Dapre escaló a niveles alarmantes el 30 de mayo, cuando acudió a la Línea Púrpura de la Alcaldía de Bogotá para pedir ayuda confidencial.
Angie Rodríguez relató que fue víctima de violencia digital, institucional y de género, además de seguimientos indebidos y campañas de desprestigio dirigidas a destruir su reputación.
El episodio más grave se conoció mediante una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de tentativa de homicidio contra un exasesor del Fondo Adaptación Miguel Ospino a quien acusó de suministrarle sustancias extrañas de forma continua y de vender información sensible del Gobierno a los sectores de la oposición.
“De manera recurrente y casi diaria, Ospino me suministró pastillas y golosinas de procedencia desconocida. Aseguraba que dichas pastillas eran vitaminas recomendadas por su hermano. Como consecuencia directa de la ingesta recurrente de esas sustancias, comencé a experimentar un grave desmejoramiento en mi salud”, señaló la funcionaria en su denuncia formal de la que conoció de primera mano la revista en mención.
Presiones institucionales y la batalla por su seguridad
En un derecho de petición enviado al secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, Rodríguez dejó constancia de que su salida definitiva de la dirección del Dapre en febrero de 2026 no fue un acto voluntario, sino el resultado de un patrón de hostigamiento y violencia política contra la mujer.
“Si bien presenté una renuncia formal al cargo, dicha decisión se produjo en un contexto de circunstancias institucionales y laborales que ejercieron una presión determinante sobre mi permanencia”, puntualizó la administradora en la carta enviada a Ocampo.
Aunque el presidente Gustavo Petro, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo están al tanto de la situación, un juez de la República le negó una tutela con la que buscaba prorrogar su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección una vez finalice el gobierno (de acuerdo con los documentos divulgados por la revista citada).
Mientras el Fondo Adaptación cumple un mes sin una persona encargada, Angie Rodríguez señaló que su única prioridad actual es recuperar su tranquilidad y que la “dejen en paz”, escribió el medio.
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