Además de estas dos personas, el ente investigador señaló que se judicializó a otro ciudadano particular en medio de la investigación, y que dentro de sus hallazgos reveló que se conocían informes que advertían sobre la falta de capacidad técnica, jurídica y financiera de la empresa seleccionada: Vertol Systems Company
La Fiscalía General de la Nación anunció la mañana del sábado 25 de julio la judicialización del exfuncionario del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y de los particulares Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie (un ciudadano estadounidense), por su presunta participación en irregularidades durante la adjudicación y ejecución de un contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército Nacional.
El contrato en cuestión, firmado el 31 de diciembre de 2024 por un valor de 32 millones de dólares, fue adjudicado a una empresa representada por Montgomerie (Vertol Systems Company), que, según la investigación que adelantó el ente, no cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos ni financieros para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17.
La Fiscalía detalló que entre septiembre y diciembre de 2024, el proceso contractual habría sido direccionado para beneficiar a dicha empresa, utilizando una modalidad de contratación inapropiada y ajustando las condiciones para facilitar su adjudicación.
De acuerdo con el ente acusador, Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal, habría impartido instrucciones para favorecer al contratista y coordinó el intercambio de información con los particulares involucrados.
Además, sirvió como traductor en las comunicaciones con Montgomerie y entregó una cotización por 36 millones de dólares que fue considerada en la estructuración del contrato.
La investigación también señala que Buitrago Galán conocía informes que advertían sobre la falta de capacidad técnica, jurídica y financiera de la empresa seleccionada.
Por su parte, Uribe Forero y Montgomerie habrían participado en reuniones clave para estructurar el proceso contractual. Posteriormente, Uribe Forero intervino, según la Fiscalía, en la modificación de la forma de pago, autorizando el desembolso anticipado del 50% del valor del contrato. Así, el 15 de abril de 2025 se giraron 16.231.700 dólares, a pesar de que el contratista solo había ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares.
En noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contrato debido a la falta de mantenimiento de las aeronaves, lo que dio pie a una intervención más profunda de la Fiscalía.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Buitrago Galán el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
A Uribe Forero y Montgomerie se les imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación, en función de su posible participación en el caso. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.
Al final, el ente recalcó en su comunicado que estos hechos evidencian graves deficiencias en los procesos de contratación pública y se reiteró desde la Fiscalía el compromiso con la lucha contra la corrupción, especialmente en sectores estratégicos como el de la defensa nacional.
El caso sigue bajo investigación, mientras las autoridades determinan las responsabilidades individuales y buscan recuperar los recursos públicos comprometidos.
Lo que se sabía del caso
Un informe de Caracol Radio, que tuvo acceso a las audiencias, precisó que el ente acusador afirmó que el Ministerio de Defensa entregó a la compañía un anticipo de USD 16,2 millones, equivalente al 50 % del valor del contrato.
Aunque la cartera recuperó después USD 22 millones por medio de la aseguradora Berkeley International, la Fiscalía detalló que los recursos correspondientes a ese anticipo no regresaron al Estado.
Durante la diligencia, el fiscal José Ignacio Arias Ciro imputó a Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y a Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts.
La Fiscalía ubica al exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto como coordinador del plan
Uno de los principales señalados es Luis Edmundo Suárez Soto, entonces viceministro para la Estrategia y Planeación.
De acuerdo con la acusación, él asumió funciones que no le correspondían para dirigir el trámite contractual y garantizar que el negocio fuera adjudicado a Vertol.
La Fiscalía sostuvo que desde septiembre de 2024 Suárez dio la orden verbal de tramitar el contrato por contratación directa, pese a que no existían estudios jurídicos que respaldaran esa modalidad. También habría presionado a los funcionarios encargados para flexibilizar los requisitos de participación de la empresa.
En las audiencias conocidas por el mismo medio radial, el fiscal aseguró que el exviceministro pidió a los integrantes del comité estructurador “no ser tan legalistas”, actuar con “creatividad” y mantener “una mente abierta” para sacar adelante la contratación.
La indagación también señala que Suárez pidió apoyo al entonces director de la Aerocivil, Sergio París, para agilizar verificaciones técnicas que beneficiaran a MI Series Personnel & Parts. Para la Fiscalía, esa gestión buscaba fortalecer las condiciones que esa firma necesitaba para intervenir en el proceso.
Antes de la firma del contrato, según el ente investigador, se descartó una opción de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para realizar el mantenimiento de los helicópteros.
Por lo anterior, la Fiscalía sostiene que esa alternativa resultaba más favorable para el país y que, tras desecharla, el proceso fue ajustado para permitir la entrega del anticipo a Vertol.
La investigación cuestiona la capacidad técnica de la empresa y el avance del contrato
La Fiscalía también vinculó en su investigación al coronel Julián Rincón, gerente del proyecto; a Hugo Alejandro Mora, director de Contratación; a Herbert Buitrago, director de Logística, y a Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio.
Según la acusación, todos participaron en distintas actuaciones para sacar adelante el trámite contractual.
Según información revelada por Noticias RCN, una visita técnica a las instalaciones de Vertol en Florida concluyó que la empresa no tenía la capacidad necesaria para realizar el mantenimiento mayor de los helicópteros Mi-17.
A pesar de esa conclusión, el contrato siguió su curso y para julio de 2025 registraba apenas un avance del 8%.
La próxima diligencia judicial quedó fijada para el lunes 27 de julio de 2026, cuando se reanudará la audiencia de imputación contra Suárez Soto después de varios aplazamientos por inasistencias y recursos judiciales presentados por el exfuncionario.
En esa sesión, la Fiscalía buscará sustentar que el proceso fue direccionado desde el inicio para beneficiar a una empresa específica.
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