El abogado Jefferson Torres pidió que la medida se cumpliera en una comunidad Inga del Cauca por razones familiares, pero la jueza lo negó. Su apoderado, en tanto, cuestionó al testigo clave, con más de 30 denuncias por estafa
Una jueza de Silvia, Cauca, envió a prisión a Luis Carlos Vélez Romero, alias el Mono, gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, en una decisión que reabrió el debate sobre los controles aplicados a quienes reciben esa designación oficial.
La Fiscalía lo señaló como jefe operativo y financiero de una red vinculada al Comando de la Frontera, estructura que las autoridades relacionan con Giovanni Andrés Rojas, alias Araña. Según el expediente, la organización transportó cocaína y marihuana en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para mover cargamentos por distintas regiones del país.
La red habría movilizado más de tres toneladas de droga. La captura de Vélez Romero se produjo el viernes 24 de julio de 2026 en una vivienda de Chía, Cundinamarca, después de varios meses de seguimiento e inteligencia.
De acuerdo con la investigación, hubo más de 10 eventos de transporte de droga en los que Vélez Romero habría sido actor principal en la coordinación del movimiento de los cargamentos. Las pesquisas también ubicaron traslados en los llanos orientales y en departamentos como Bolívar.
Vélez Romero también es identificado por la Fiscalía con los alias de el Mono, Dorian o D. La Juez Segunda Promiscua Municipal de Silvia, Cauca, ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario durante las audiencias preliminares.
Uno de los principales testigos en su contra es Manuel Castañeda Bernal, conocido como el narcochofer, que aseguró que Vélez Romero integraba la estructura de alias Araña y que mantenía un papel de coordinación dentro de la organización. De acuerdo con el testigo, otro implicado es Jhon Jairo Giraldo Portilla, alias JJ, quien permanece prófugo de la justicia.
Castañeda dijo a El Tiempo que Vélez era “el mayor relacionista, el encargado o delegado por alias JJ, que está prófugo de la justicia. Era el delegado por él para los pagos de la droga que yo transportaba en vehículos de la UNP a nivel nacional. Y era con quien yo mantenía en constante comunicación. No es una cosa que yo me esté inventando o solo se esté basando en testimonios. Esto se basa en pruebas técnicas que tiene la fiscalía como tal”.
El mismo testigo agregó: “Cuando entrábamos a los campamentos a donde tocaba a veces recoger la droga, porque se entraba en los vehículos de la UNP y para poder salir de ciertos territorios tocaba identificarse o decir de parte de quién iba uno. Y la indicación, la instrucción de JJ específicamente era decir que era de parte de alias Araña”.
La investigación también menciona que Giraldo Portilla sería pariente de Araña y que presuntamente se sometió a cirugías plásticas para evitar ser identificado por las autoridades. Para la Fiscalía, ese entorno confirma la conexión entre los implicados y la estructura armada señalada por actividades de tráfico de estupefacientes.
La defensa pidió que Vélez Romero cumpliera la medida en un resguardo indígena Inga en Cauca. El argumento fue que está casado con una integrante de esa comunidad y que es padre cabeza de familia.
La jueza rechazó ambas solicitudes y ordenó su reclusión en un establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso. El abogado Jefferson Torres, apoderado del procesado, apeló la decisión.
Torres sostuvo que el narcochofer acumula más de 30 denuncias por estafa y cuestionó su credibilidad. “Es proclive a mentir”, afirmó.
El abogado también dijo que una de las declaraciones del testigo no tiene la firma de la fiscal del caso. Añadió que otros testimonios que respaldan esa versión están afectados porque corresponden a la esposa de Castañeda y a un primo suyo, quien también está procesado por narcotráfico.
Durante la audiencia, la fiscal Magda Antury cuestionó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por la documentación entregada sobre la designación de Vélez Romero y de Giraldo como gestores de paz.
La funcionaria calificó de insuficiente la información suministrada por esa dependencia sobre los fundamentos del nombramiento.
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