La organización, conocida como Síncope, recordó que la ley colombiana establece la máxima publicidad de la información pública y que no existe disposición legal que permita reservar los datos sobre afectaciones y cifras de la tragedia
El Sindicato Colombiano de Periodistas (Síncope) denunció en la jornada del jueves 13 de agosto de 2026 que se implementó por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella la primera “censura” a la información pública sobre la emergencia causada por el terremoto, luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) restringiera el acceso a la plataforma de evaluación situacional en tiempo real.
La decisión de la unidad no solo causó molestia entre el gremio de comunicadores; también despertó la preocupación por lo que sería el impacto en el cubrimiento de la crisis que afronta el país por cuenta de un evento que se registró a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto y que ha causado, de acuerdo con cifras oficiales, la muerte de 281 colombianos, heridas a 3.971 y la desaparición de 348 personas.
Síncope denunció la restricción de la información tras el sismo
Tras el terremoto, la Ungrd mantuvo habilitada una herramienta que permitía el acceso a datos actualizados por municipio y departamento, en el que se incluían cifras sobre fallecidos, heridos, desaparecidos, viviendas destruidas y daños en infraestructuras. No obstante, el tablero fue restringido apenas 42 minutos después “de que su existencia y contenido fueran dados a conocer por el periodista Ronny Suárez Celemín”.
A su vez, la organización gremial aseguró que el periodista, especializado en información sobre salud y reconocido por su experiencia en coberturas de emergencias, alertó sobre la utilidad de la plataforma, pero, poco después, la información dejó de estar disponible y “se encuentra censurada”, agregó Síncope, que rechazó esta decisión del Ejecutivo cuando los colombianos demandan conocer información inmediata.
En ese sentido, el sindicato recordó que, según el decreto 1171 de 2026, la información pública es considerada parte de la respuesta ante desastres y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene la función de consolidar y difundir estos datos. Además, la ley 1712 de 2014 establece la máxima publicidad como regla y solo permite restringir información por disposición constitucional o legal.
“No hemos encontrado disposición legal alguna que establezca reserva sobre los datos oficiales ni los reportes situacionales respecto de las afectaciones y cifras del terremoto”, reiteró el sindicato. “De hecho, el Índice de Información Clasificada y Reservada de la propia Ungrd identifica como pública, total e ilimitada información relacionada con el Sistema Nacional de Información en Gestión del Riesgo”, se añadió.
Esto incluye los informes de monitoreo, los reportes diarios y desde el resguardo y consolidado generado a partir de fuentes oficiales.
Este sería el impacto de la decisión de la Ungrd en la labor periodística y el derecho ciudadano
Para Síncope, la decisión de centralizar la información en ruedas de prensa no resulta suficiente. “Estas no sustituyen el acceso a la información pública al que tienen derecho los periodistas y la sociedad en general, especialmente en situaciones de emergencia y desastre”, indicó la organización, que remarcó que hay reporteros en las regiones más afectadas que carecen de acceso a canales de comunicación oficial.
“La censura del tablero de reporte en tiempo real equivale a un acto de censura, pues una cosa es centralizar y verificar la información y otra muy distinta es monopolizarla y restringir su acceso”, se reiteró en el extenso el comunicado, con el que se insistió a las autoridades nacionales en que la transparencia es fundamental para que la población pueda “apoyar, fiscalizar y ser agente activo de su propio cuidado”.
En consecuencia, Síncope le exigió a la Ungrd restablecer el acceso público e irrestricto a la plataforma de información y garantizar la disponibilidad universal, oportuna y verificable de los datos sobre la emergencia. Con ello, la agrupación gremial reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de la Constitución Política y resaltó el rol del periodismo en la cobertura de crisis, como la que atraviesa el país.
“El Sindicato Colombiano de Periodistas nació con el decidido propósito de defender la libertad de informar y recibir información y el derecho de acceder a los documentos públicos, garantías fundamentales reconocidas por los artículos 20 y 74 de la Constitución Política, que establece de manera expresa: ‘No habrá censura’”, puntualizó la organización frente a la necesidad de acceder a la información de manera oportuna.
De esta forma, lanzaron un claro mensaje al Estado. “Recordamos que el periodismo es fundamental no solo en situaciones de aparente normalidad, sino muy especialmente en momentos como el actual, cuando miles de personas enfrentan una emergencia y, en muchos territorios afectados, permanecen aisladas, con redes de comunicación precarias, intermitentes o inexistentes”, sostuvo el sindicado en su pronunciamiento.
Por último, la organización también transmitió su respaldo a los periodistas desplegados en zonas afectadas, que han afrontado toda clase de dificultades en su labor. “Como sindicato, aplaudimos y abrazamos fraternalmente a nuestros colegas en terreno, varios de ellos afiliados a Síncope, que desde hace ya 72 horas trabajan incansablemente para brindar información confiable a las y los colombianos”, concluyó.
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