Según Iris María, las cifras muestran avances, pero también brechas persistentes entre territorios y grupos poblacionales, y transformaciones de las violencias que siguen afectando el ejercicio de los derechos humanos en el país
La Defensoría del Pueblo indicó que la “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir” reúne indicadores sobre desigualdad y derechos sociales; violencia armada y paz; ambiente; ruralidad; y garantías para el ejercicio de las libertades democráticas – crédito @DefensoriaCol/X
El informe de derechos humanos que la Defensoría del Pueblo entregó el lunes 24 de agosto de 2026 al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella advierte que la violencia armada en Colombia persiste, se transforma y se fragmenta.
El informe revela que las disidencias de las Farc operan en 372 municipios, el ELN en 260 y el Clan del Golfo alcanza 509 municipios.
La entidad alertó que la criminalidad organizada y el conflicto armado siguen activos en el país y afectan a la población civil en amplias zonas. El informe registra 120 Alertas Tempranas territoriales en 396 municipios y 15 territorios indígenas de los 32 departamentos, además de 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados entre enero y mayo de 2026, con 21 personas fallecidas y 145 heridas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó el documento “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir” como un insumo para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, iniciativas legislativas y otras decisiones del Estado.
El informe señala que las cifras muestran avances, pero también brechas persistentes entre territorios y grupos poblacionales. También advierte sobre riesgos y violencias que siguen afectando a la población.
El impacto de la violencia sobre la población civil
La persistencia de la violencia también aparece en las masacres. Entre 2019 y el 18 de julio de 2026 el informe registró 651 masacres con 2.380 víctimas.
El desplazamiento forzado masivo siguió entre las principales afectaciones contra la población civil. Entre 2017 y lo corrido de 2026 hubo 1.002 eventos que afectaron a 394.839 personas.
El documento añade que, en promedio, 35,73% de las víctimas de esos desplazamientos pertenecía a pueblos étnicos. Ese dato refuerza la afectación diferenciada que el conflicto mantiene sobre esas comunidades.
Los riesgos para menores y firmantes del Acuerdo de Paz
La Defensoría del Pueblo también puso el foco en niñas, niños y adolescentes. El informe reportó 682 casos de reclutamiento en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026.
El documento aclara que esa reducción no implica, por sí sola, un descenso del fenómeno. Señala que persisten riesgos, temores y dificultades para denunciar o poner los hechos en conocimiento.
A esas afectaciones se suman las muertes de menores de edad en contextos de hostilidades. Según el informe, entre agosto de 2022 y junio de 2026 fallecieron 71 niñas, niños y adolescentes en operativos militares.
Además, se registraron casos de menores de edad muertos en combates entre grupos armados ilegales. La situación de quienes dejaron las armas aparece como otro punto sensible para la paz.
A mayo de 2026, más de 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz continuaban en reincorporación. Entre 2017 y 2026 se reportaron 521 homicidios contra esa población, relata el informe.
Otras alertas del diagnóstico sobre derechos humanos
El informe incorpora otros ejes sobre desigualdad, ambiente, ruralidad y libertades democráticas. En 2025, la pobreza monetaria se ubicó en 28%, frente a 43,1% de 2020.
La inseguridad alimentaria mantuvo mayores brechas en centros poblados y zonas rurales dispersas. Entre los datos sociales, el documento registró 37.755 casos de delitos sexuales contra mujeres en 2025 y precisó que 78,9% correspondió a mujeres menores de 18 años.
También indicó que la Fiscalía General de la Nación reportó 68 casos de transfeminicidios entre 2024 y lo corrido de 2026. En el frente ambiental, la deforestación pasó de 113.608 a 119.483 hectáreas entre 2024 y 2025.
La Amazonía colombiana concentró 65% del total nacional en 2025. A la vez, entre 2023 y 2026 la Defensoría emitió 34 Alertas Tempranas que identificaron la minería ilegal como una economía de riesgo para comunidades y personas defensoras de derechos humanos.
Sobre ruralidad, el diagnóstico indicó que el índice de Gini de la propiedad rural es de 0,89 y que 1% de los mayores propietarios concentra 45% de la tierra rural. En libertades democráticas, reportó 1.743 asesinatos de personas lideresas y defensoras de derechos entre 2016 y junio de 2026.
Además, registró 711 agresiones contra periodistas entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026. La radiografía entregada al nuevo Gobierno también complementa el documento “Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno”, presentado durante el proceso electoral.
Ese diagnóstico servirá como base para seguir la evolución de las principales problemáticas que afectan a la población colombiana. La Defensoría prevé mantener ese seguimiento en los próximos años.
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