El análisis oficial de procedencia ubica a Estados Unidos, la Unión Europea y a México, entre los extranjeros que más se han detenido en la capital antioqueña
Las 224 inadmisiones de extranjeros en el aeropuerto Internacional José María Córdova se convirtieron en uno de los principales resultados de la estrategia de Medellín y el Valle de Aburrá contra el turismo de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Entre 2024 y el 18 de agosto de 2026, las autoridades registraron 35 capturas, 12 condenas y 224 rechazos migratorios de personas con perfiles de riesgo o antecedentes vinculados con este delito.
La cooperación con organismos internacionales también derivó en procesos judiciales en Colombia y Estados Unidos.
Los ciudadanos de Estados Unidos representan 28 de las 35 capturas registradas por las autoridades. Los demás casos corresponden a tres mexicanos y una persona de Francia, Islandia, Israel y Países Bajos, respectivamente.
Los controles preventivos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova evitaron el ingreso de 224 extranjeros con perfiles de riesgo o antecedentes vinculados con la explotación sexual. La cifra contrasta con las 40 inadmisiones que se habían producido entre 2021 y 2023.
La mayor parte de esas restricciones migratorias también involucró a viajeros estadounidenses, que equivalieron al 84% del total. La Unión Europea representó el 7%, México el 6% y China, Rusia e Israel sumaron 1% cada uno.
Las autoridades señalaron que el aumento de los controles en la terminal aérea respondió al trabajo coordinado para identificar antes de su entrada al país a personas que pudieran representar un riesgo para niños, niñas y adolescentes. La acción involucra a instituciones locales y organismos de inteligencia de Estados Unidos.
El número de inadmisiones creció año tras año: hubo 40 en 2024, 71 en 2025 y 113 durante los primeros meses de 2026. Este último registro constituye el mayor acumulado anual de la serie informada hasta el corte de agosto.
Dos condenas a perpetuidad fueron dictadas por tribunales estadounidenses
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó los resultados judiciales obtenidos a partir de la colaboración internacional. Entre los expedientes mencionados figura el de Stephan Correa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por su vínculo con la investigación del caso de Timothy Allen Livingston en la capital antioqueña.
Según expusieron las autoridades, las condenas dictadas en territorio estadounidense incluyeron dos penas de cadena perpetua en prisiones federales. También hubo sentencias de entre 19 y 28 años de cárcel contra abusadores internacionales.
“Se trata de redes criminales internacionales articuladas”, afirmó Gutiérrez al referirse al alcance de las investigaciones y a la necesidad de coordinación entre países.
El mandatario citó además el caso de un condenado en Estados Unidos que había cambiado su nombre por el de James Bond. De acuerdo con su declaración, esa persona fue responsabilizada por el abuso de 20 niños en Indonesia.
“Casos como el de un sujeto que cambió su nombre a ‘James Bond’, condenado en EE. UU. y responsable del abuso de 20 niños en Indonesia, demuestran la dimensión global del problema”, explicó el alcalde.
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Las autoridades de Medellín trabajan junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el seguimiento de investigaciones vinculadas con estas redes. El objetivo es impedir que posibles agresores lleguen a la ciudad y reforzar la judicialización de quienes ya sean identificados.
La cooperación trasnacional busca conectar antecedentes migratorios, información judicial y alertas de inteligencia. Bajo ese esquema, las autoridades colombianas y estadounidenses pueden activar acciones tanto en el aeropuerto como en los procesos que se adelanten fuera del país.
Gutiérrez sostuvo en sus redes soclaes que: “Gracias al equipo del FBI, a su Director Brett Skiles y todo su equipo, por el trabajo articulado con nuestra Alcaldía de Medellín. Seguiremos avanzando en la lucha contra la corrupción transnacional, el terrorismo y la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
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