La llegada de recursos y el aumento de nuevos afiliados exigen que trabajadores, empresas y operadores mejoren su control sobre los historiales y el procesamiento de información laboral, aseguran expertos
La reforma pensional que entrará en vigor el 1 de abril de 2027 puede aliviar las cuentas del Estado en el corto plazo, pero también trasladar al presupuesto nacional una carga mayor en las próximas décadas. En Colombia, el cambio obligará a cotizar en Colpensiones a quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos y llevaría a esa entidad a superar los diez millones de cotizantes.
El aumento de cotizantes y recursos puede dar un respiro fiscal inmediato porque Colpensiones recibirá más aportes y el Ministerio de Hacienda reduciría la necesidad de transferir subsidios directos con recursos de los contribuyentes. A la vez, el Estado asumiría la jubilación futura de millones de trabajadores y, según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal citadas por Rodríguez, el gasto en pensiones podría superar el 5% del Producto Interno Bruto hacia mitad de siglo.
Según lo expuesto por la CEO de Lexacty SAS, r Audrey Rodríguez, la discusión no debe agotarse en la llegada de dinero al componente público. “Celebrar que Colpensiones superará diez millones de cotizantes es como aplaudir un espejismo financiero”, afirmó.
Alivio de caja y las cifras de 2027
Las proyecciones indican que Colpensiones pasaría de unos tres millones a 10,2 millones de cotizantes en 2027. Además, recibiría más de $5,5 billones por traslados desde fondos privados.
A ese flujo se sumarían:
- $4,15 billones en aportes de aseguradoras.
- El Ministerio del Trabajo calcula una necesidad de $96,96 billones para Colpensiones.
- Cerca de $50 billones serían ingresos propios y $46 billones transferencias de la Nación.
Con esas cuentas, el presupuesto confirmado todavía dejaría un faltante de $4,84 billones. Para Rodríguez, ese primer efecto sobre la caja fiscal luce como “un regalo caído del cielo” para el gobierno actual.
La ejecutiva advirtió que esa entrada de recursos no equivale a una salida estructural. “Tener más efectivo ahora no significa que vamos a estar saneados. El gran peligro fiscal es que el Estado asuma de golpe la jubilación futura de millones de trabajadores”, dijo.
Costo futuro del traslado al componente público
Audrey Rodríguez insistió en que el problema de fondo no es solo contable, sino demográfico. El sistema gana tiempo hoy, pero acumula una obligación mayor para cuando esos cotizantes lleguen a la edad de retiro. Al respecto, hizo dos advertencias. “No estamos tapando el hueco pensional, solo estamos comprando tiempo a cambio de una factura gigantesca que se pagará en las próximas generaciones”, dijo.
También señaló: “Estamos cambiando un problema de caja presente por una bomba de tiempo demográfica”. Según las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal que mencionó Rodríguez, cuando la población colombiana envejezca hacia mitad de siglo el gasto en pensiones podría escalar a más del 5% del Producto Interno Bruto.
Dicho escenario se agrava con una menor proporción de población en edad de trabajar frente al aumento de adultos mayores. Planteó que ese salto obligaría a revisar la sostenibilidad de todo el sistema.
Qué protege el artículo 48 sobre los recursos pensionales
Una de las dudas que Rodríguez identificó gira alrededor del uso de esos recursos que darán futuros gobiernos. La inquietud apunta a si ese dinero podría terminar en gasto corriente, subsidios, vías u otras necesidades fiscales.
Frente a ese temor, recordó que el artículo 48 de la Constitución “prohíbe tocar un solo peso de la Seguridad Social para gastos ordinarios del Estado”. También sostuvo que “cada centavo que entra a Colpensiones tiene destinación exclusiva para pagar mesadas de pensionados”.
El esquema prevé que el ahorro colectivo quede en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Ese fondo fue declarado exequible y queda administrado y custodiado por el Banco de la República para respaldar obligaciones futuras de Colpensiones.
Para Rodríguez, ese diseño institucional limita el uso político de los recursos. La reforma, afirmó, “no le entrega una chequera libre a la presidencia”, sino “liquidez pasajera” junto con un compromiso financiero que el Estado deberá honrar más adelante.
Reto operativo para Colpensiones, empresas y cotizantes
La CEO de Lexacty SAS señaló que el desafío no será solo recaudar más dinero. El punto crítico, dijo, será evitar que Colpensiones caiga en una crisis operativa al cuadruplicar el número de usuarios que tendrá que atender y procesar. En ese frente, considera clave que los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) logren sincronizar la información y cuenten con capacidad tecnológica suficiente. También remarcó que el Ministerio del Trabajo ha fijado reglas operativas mediante decretos durante la implementación.
Rodríguez dirigió una recomendación directa a los cotizantes. “No tragar entero y cuidar el historial propio”, señaló al recordar los errores y baches en los sistemas de información durante la transición del extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS).
INHFOBAE
