El Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá realizará la diligencia de medida de aseguramiento tras la formulación por abuso de cargo, presiones a una trabajadora y uso de bienes públicos
Concluida la jornada de imputación de cargos contra la exmano derecha del expresidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación dejó claro que insistirá en comprobar que Laura Sarabia cometió los presuntos delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso por el caso del polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en 2023.
La exjefa del Despacho Presidencial compareció el lunes 14 de septiembre ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá y, pese a los argumentos del ente acusador, rechazó los cargos.
La Fiscalía imputó a Laura Sarabia porque sostiene que ordenó someter a Meza a una prueba de polígrafo para resolver un asunto personal y que, para hacerlo, desbordó sus funciones, presionó a su empleada e impulsó el uso de recursos estatales. Según la acusación, los tres delitos se habrían cometido con conocimiento y voluntad.
La acusación ubica el origen del caso en un presunto hurto ocurrido en el apartamento de Sarabia en enero de 2023. Según la Fiscalía, el 28 de enero de 2023 Meza habría una bolsa negra con dinero y documentos que la entonces funcionaria había enviado antes de viajar a Cali.
La bolsa debía recibirla Andrés Parra, esposo de Sarabia, pero como no estaba en el apartamento habría quedado en manos de la empleada. Al día siguiente, Sarabia le pidió a Parra que la buscara y, al no encontrarla, contactó al coronel Carlos Alberto Feria Coldrago entonces jefe de la Casa Militar de la Presidencia.
La Fiscalía afirmó que en esa llamada Sarabia ordenó practicarle el polígrafo a Meza. “Se comunicó vía telefónica con el coronel Carlos Alberto Feria Coldrago y le ordenó que le practicara una prueba de polígrafo a Marelbys Meza Hueves”, señaló el ente acusador.
En ese mismo tramo de la imputación, la fiscal añadió que Sarabia, aún sabiendo de que estaba abusando de su posición en el Ejecutivo, habría ordenado al oficial usar los recursos del Estado para indagar sobre el robo.
“En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, desbordó su competencia funcional, abrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal”, comentó la fiscal.
Para el ente acusador, Sarabia no tenía facultades para activar aparatos de inteligencia del Estado ni para ordenar una prueba de ese tipo a una persona que trabajaba para ella. La Fiscalía añadió que su formación, su experiencia en el sector público y su conocimiento de la administración estatal le permitían comprender el alcance ilegal de esa actuación.
El segundo cargo, constreñimiento ilegal agravado, se apoya en la relación laboral entre Sarabia y Meza. La Fiscalía sostuvo que la empleada dependía económicamente de ese trabajo y que esa situación la colocaba en una posición de vulnerabilidad frente a su empleadora.
“La simetría de poder que tenía con Marelbys, por ser su empleadora directa, lo que entraña una dependencia económica que ubicaba a la empleada en una posición de vulnerabilidad”, comentó el ente acusador. La fiscal añadió que Meza temía perder su único sustento si no aceptaba la exigencia.
Según el expediente, Meza creyó que acceder al polígrafo era la única forma de proteger su trabajo, su libertad y demostrar su inocencia ante su empleadora. La acusación también menciona el aumento del esquema de seguridad, el despliegue de oficiales en su residencia y los actos de investigación a los que fue sometida el 29 de enero de 2023.
“Usted, doctora Sarabia, se valió de medios derivados del poder que tenía como jefa de Despacho Presidencial. Estos eran medios coactivos que tuvieron la idoneidad suficiente para doblegar la voluntad de Marelbys”, afirmó la fiscal del caso.
El tercer cargo, peculado por uso, apunta al empleo presuntamente indebido de bienes y equipos del Estado. La Fiscalía señaló que Sarabia conocía la Resolución 0047 de 2023 y el Decreto 2647 de 2022, normas que delimitaban sus funciones a la asesoría política, la coordinación de agenda y la seguridad nacional.
La imputación sostiene que esas atribuciones no incluían la potestad de activar aparatos de inteligencia ni ordenar pruebas de uso específico. También afirma que Sarabia sabía que los equipos técnicos de la Policía tenían fines determinados y que su utilización para atender un asunto personal era irregular.
Qué viene en el proceso y quiénes más aparecen en el expediente
La Fiscalía señaló a Sarabia como autora en los cargos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, y como determinadora en el de peculado por uso. Durante la diligencia, un abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia sostuvo que esa entidad se considera víctima y destacó que el polígrafo se hizo en los sótanos ubicados frente a la Casa de Nariño.
La siguiente etapa será una audiencia de medida de aseguramiento. Allí la justicia definirá si Sarabia afronta el proceso en la cárcel, con detención domiciliaria o en libertad.
El expediente también alcanza a otros funcionarios y policías por las interceptaciones telefónicas ilegales contra Meza y otra empleada, Fabiola Perea, bajo el falso argumento de que eran integrantes del Clan del Golfo. Por esos hechos, dos agentes de la Dijín recibieron condenas de 11 y 12 años de cárcel en primera instancia y dos miembros de la Sijín de Bogotá fueron sentenciados a 10 años de prisión.
Además, el subintendente Fredy Gómez Bustamante firmó un preacuerdo con la Fiscalía y pagará cuatro años. Lo mismo ocurrió con el civil Rafael Ricardo Santos Puente, señalado como falso informante.
En el expediente también figura el capitán Óscar Mojica Cordón, exjefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá. Suscribió un principio de oportunidad a cambio de aportar información.
El coronel Carlos Alberto Feria Coldrago, exjefe de la Casa Militar de la Presidencia, está acusado por estos hechos y en proceso de ser llamado a juicio oral. Al igual que Sarabia, se declaró inocente.
El caso también aparece vinculado a la muerte del coronel Óscar Dávila, coordinador del Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia y subordinado de Feria en ese momento.
La Fiscalía certificó inicialmente que su muerte, ocurrida el 9 de junio de 2023 dentro de una camioneta de la Policía en Bogotá, fue un suicidio, aunque el expediente menciona versiones extraoficiales que no descartan un asesinato.
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