La Resolución 216 concede dos meses adicionales para culminar el retiro, definir la situación jurídica de los combatientes y desmontar gradualmente el espacio, sin permitir nuevos ingresos ni permanencias
El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) prorrogó mediante la Resolución 216 la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Putumayo donde permanecen 58 integrantes de los Comandos de Frontera, una facción de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), hasta el 3 de diciembre de 2026.
La extensión busca completar su salida, definir su situación jurídica y desmontar progresivamente el espacio, aunque todos deberán abandonarlo antes del 30 de noviembre.
La medida concede dos meses adicionales para realizar las actuaciones operativas, logísticas, administrativas e interinstitucionales necesarias. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) estableció que el período final permitirá cerrar la zona sin autorizar nuevas permanencias ni reingresos.
“Por medio de la cual se prorroga el cronograma operativo de la comisión humanitaria para la salida ordenada, gradual y articulada de las personas ubicadas en la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez —ZUT-ZOCUT—, y se establecen medidas para garantizar la continuidad de sus rutas institucionales, y se dictan otras disposiciones”, se observa en el comunicado.
Las 58 personas concentradas en el lugar podrán salir durante la prórroga a medida que resuelvan sus procesos judiciales o administrativos. La continuidad de esos trámites no exigirá que permanezcan físicamente en la zona, pues podrán adelantarse ante las dependencias territoriales y seccionales de las entidades competentes.
La salida obligatoria antes del cierre definitivo
La resolución fija el 30 de noviembre de 2026 como fecha límite para que se materialice la salida de todos los excombatientes. Entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026, la zona quedará reservada exclusivamente para completar las gestiones administrativas, operativas, logísticas y de desmonte requeridas para su cierre definitivo.
El Dapre dispuso que las instituciones mantengan las acciones de coordinación para asegurar una salida gradual, segura y digna. También deberán sostener las rutas institucionales ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Fiscalía General de la Nación y las demás entidades involucradas.
Entre las tareas pendientes figura definir la situación jurídica de quienes permanecen en el lugar, revisar la existencia de órdenes de captura vigentes y establecer quiénes pueden continuar en procesos de reintegración. La prórroga no modifica esas obligaciones ni suspende las actuaciones que correspondan ante las autoridades.
El cierre de la Zona de Ubicación Temporal había sido ordenado inicialmente para el 30 de septiembre por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que puso fin a la mesa de negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano dentro de su decisión de desmontar la política de paz total.
Sin embargo, un juez de Puerto Asís suspendió provisionalmente esa decisión mientras estudia una tutela que advierte riesgos para la seguridad y la reincorporación de las personas concentradas. Pese a esa orden judicial, el Ejecutivo dispuso después una comisión humanitaria para retirarlas entre el 1 y el 2 de octubre.
Los abogados de los excombatientes presentaron entonces un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la suspensión provisional. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís requirió al consejero comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos Puerta, para que informe si efectivamente acató la orden de frenar el cierre.
Una comisión de alto nivel para coordinar el retiro
La Resolución 216 ordena instalar un espacio de articulación interinstitucional de alto nivel bajo la coordinación de la Consejería Comisionada de Paz. El mecanismo deberá orientar, coordinar y adoptar las decisiones necesarias para el funcionamiento y desarrollo de la Comisión Humanitaria.
Participarán el ministro de Hacienda y Crédito Público, el ministro de Justicia y del Derecho, el ministro de Defensa Nacional y el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
También estarán delegados con capacidad de decisión de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República.
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