Aunque la Mesa de Concertación de Políticas Salariales se reunirá de manera formal en el mes de diciembre, los diferentes sectores económicos del país ya evalúan las primeras proyecciones para el salario mínimo que regirá en 2027. Tras el incremento del 23,7% establecido para el año 2026, el panorama actual sugiere que el Gobierno Nacional adoptará una postura mucho más austera y ceñida a los indicadores técnicos.
De acuerdo con estimaciones de firmas de análisis como Corficolombiana, se prevé que la inflación anualizada cierre cerca del 7%. Al sumar un punto porcentual por concepto de productividad, el escenario base que analizan los expertos apunta a un incremento estimado del 8%.
De aplicarse este ajuste, las cifras básicas del ingreso de los trabajadores se modificarían de la siguiente manera:
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- Sueldo básico: Pasaría de $1.750.905 a $1.890.977.
- Auxilio de transporte: Alcanzaría los $269.023 (calculado bajo una proporción equivalente).
- Ingreso global: Se consolidaría en $2.160.000 mensuales.
Otras alternativas sobre la mesa plantean rangos de ajuste del 5%, 7% o hasta el 10% en el caso de las propuestas más optimistas de las centrales obreras. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda se ha hecho un llamado a la prudencia, enfatizando en que la remuneración debe guardar equilibrio estricto con la productividad real para evitar presiones inflacionarias adicionales.
El reto de la formalidad y el impacto regional
El debate cobra especial relevancia en zonas comerciales como Pereira y el departamento de Risaralda, donde el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Gremios locales han manifestado históricamente su preocupación por los sobrecostos laborales asociados a los aportes de nómina, cesantías y primas.
Académicos del Politécnico Grancolombiano recordaron que los ajustes que desbordan los márgenes técnicos corren el riesgo de presionar a los pequeños negocios hacia la informalidad. Según datos recientes del Dane, la informalidad laboral en el país se sitúa en el 54,5%, una realidad de la que no es ajena la dinámica laboral del Eje Cafetero, caracterizada por una alta dependencia de los sectores de comercio, servicios y caficultura.
Finalmente, cabe recordar que de no alcanzarse un acuerdo tripartito entre trabajadores, empresarios y Gobierno antes del 30 de diciembre, la ley faculta al Ejecutivo para expedir el ajuste definitivo mediante decreto directo.
