El alto tribunal determinó que los lineamientos vigentes caducaron en 2021. Se conformará una mesa técnica interinstitucional para garantizar el acceso a los medicamentos en el país.
BOGOTÁ. Octubre 16 de 2026 El Consejo de Estado ordenó de forma perentoria al Gobierno nacional avanzar en la formulación y ejecución de una nueva política farmacéutica nacional. El fallo busca resolver de raíz las graves fallas de mercado que golpean al sistema de salud, tales como el desabastecimiento crónico de insumos, la falta de control en los precios de los medicamentos y las deficiencias en la vigilancia de la cadena de comercialización.
La decisión, liderada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, resolvió una acción popular interpuesta originalmente por la Procuraduría General de la Nación. Con este pronunciamiento, el alto tribunal ratificó el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitido en diciembre de 2024, amparando los derechos colectivos a la salubridad pública, el acceso eficiente a la salud y la protección del patrimonio estatal.
El argumento central del tribunal radica en que los lineamientos fijados en el histórico documento Conpes 155 de 2012 perdieron vigencia en el año 2021. Durante el proceso judicial, ninguna de las entidades demandadas logró acreditar la existencia de una política posterior que reemplazara dicha normativa de manera integral, tal como lo exige el artículo 23 de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).
Para la construcción del nuevo marco regulatorio, el fallo dispuso la creación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por el Ministerio de Salud, el Invima y la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. En este espacio técnico también tendrán asiento obligatorio los ministerios de Comercio y Ciencia, la Adres, las EPS, las IPS, laboratorios farmacéuticos, gremios de usuarios y la academia.
La sentencia judicial dejó en firme las siguientes medidas de control inmediato:
- Fortalecimiento del control de precios: Revisión exhaustiva a los topes de comercialización de fármacos y dispositivos médicos.
- Facturación electrónica obligatoria: Implementación de un rastreo digital estricto en toda la cadena de distribución para evitar la especulación.
- Plan de contingencia vigente: El Ministerio de Salud y el Invima deberán mantener activo y sin interrupciones el Plan de Respuesta Urgente contra el desabastecimiento.
- Sanciones financieras: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Supersalud continuarán con los procesos sancionatorios por sobrecostos o desviación de recursos públicos.
Con información de: Infobae Colombia.
