Octubre 20 de 2026
El panorama político y judicial de Colombia se encuentra en máxima alerta tras las explosivas revelaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ratificó la existencia de presuntas presiones ejercidas por altos delegados del gobierno del presidente Gustavo Petro . El objetivo de dichas solicitudes habría sido obligar a antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a formular falsas acusaciones penales en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el reconocido abogado Abelardo de la Espriella
Según la denuncia, la polémica maniobra se habría gestado en la capital del Cesar, en el marco de una reunión oficial camuflada bajo la agenda de la “Paz Total” y la reactivación de las mesas de diálogo.
Los detalles de la denuncia
Mancuso confirmó las versiones que apuntan a que funcionarios del Gobierno Nacional pretendían instrumentalizar a los entonces gestores de paz para emitir señalamientos públicos de cara a incidir en el debate político nacional.
“Delegados del gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección. Ninguno de nosotros aceptó”, sentenció enfáticamente el exjefe paramilitar
De acuerdo con las revelaciones que sacuden las redes y los medios nacionales, en los encuentros habrían participado activamente asesores de la Casa de Nariño. La mesa de concertación se habría quebrado definitivamente tras la negativa unánime de los desmovilizados y otras tensiones políticas internas del Ejecutivo.
Réplica institucional y denuncias penales
La reacción de los sectores afectados no se hizo esperar. El entorno de los líderes de la oposición alista denuncias formales ante la Comisión de Acusación del Congreso y entes judiciales en contra de los funcionarios presuntamente implicados por supuestas maniobras de persecución política.
Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella arremetió de forma categórica contra el embajador Armando Benedetti y el entorno gubernamental, advirtiendo en sus redes oficiales que frente a este supuesto entramado de persecución e ilegalidad judicial “no habrá perdón ni olvido”.
Mientras que sectores afines a la oposición catalogan lo sucedido en el Cesar como un “arrodillamiento al crimen” para perseguir contradictores, voceros del Ejecutivo han salido a rechazar tajantemente las acusaciones, alegando que el Gobierno Nacional jamás ha promovido falsas declaraciones y que las partes involucradas deberán responder de forma individual ante la justicia ordinaria.
Tomada de: Revista SEMANA y EL COLOMBIANO.
