21 DE OCTUBRE DE 2026 Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027, fijado en $634,9 billones, enfrenta una inminente tormenta jurídica que podría tumbarlo en la Corte Constitucional. Según reveló un informe de Infobae Colombia, un insólito error de procedimiento y la falta de conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes dejarían al articulado sin piso jurídico, abriendo la puerta para que el Gobierno deba implementarlo directamente por decreto.
El polémico “artículo 65” que desató el caos
De acuerdo con la información periodística de Infobae, la controversia no radica en el monto global del dinero, sino en las reglas de juego del Congreso. Durante las plenarias simultáneas del pasado martes 20 de octubre, la Cámara de Representantes aprobó una modificación al artículo 65. Sin embargo, el secretario general del Senado, Diego González, dejó constancia de que en su corporación ese mismo artículo se aprobó limpio y sin modificaciones.
El enredo ocurrió porque el senador Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático) retiró a último minuto la proposición de cambio en el Senado. El equipo técnico del Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez, entregó los paquetes de modificaciones con su firma de aval, pero la Cámara votó un texto modificado que el Senado nunca aprobó. Al aprobarse dos versiones distintas, la ley exigía una comisión de conciliación que no se surtió, dejando el trámite expuesto a una inminente demanda ante la Corte Constitucional por vicios de procedimiento.
Las consecuencias de un presupuesto por decreto
Infobae destaca que las alertas fueron encendidas inicialmente por la senadora Esmeralda Hernández y la exdefensora del pueblo de Bogotá, Lina García. Si la Corte Constitucional tumba lo aprobado por las plenarias debido a este error de trámite, el Gobierno Nacional tendrá que expedir el presupuesto por decreto basándose exclusivamente en el texto del primer debate de las comisiones económicas.
Este escenario dejaría por fuera todas las modificaciones logradas a última hora en las plenarias. El impacto social sería severo, afectando directamente los recursos de las regiones, ya que se pondrían en riesgo modificaciones críticas como cerca de $3 billones de pesos destinados a la salud de los colombianos.
Infobae
