Octubre 25 de 2026
El turbulento proceso de cierre del Ministerio de la Igualdad y Equidad ha dado un giro definitivo hacia los tribunales, abriendo un nuevo e intenso frente judicial que sacude las estructuras del control administrativo en el país. El liquidador oficial de la cartera, John Milton Rodríguez, radicó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, señaladas de presuntas y graves irregularidades en la gestión de FonIgualdad, el fondo financiero especial adscrito a dicha entidad estatal.
La acción judicial busca que el ente acusador investigue a fondo las actuaciones de ambas mujeres, quienes, según los primeros informes técnicos de la liquidación, habrían tenido una injerencia desproporcionada e ilegal en las decisiones presupuestales y contractuales de la entidad durante los últimos meses de su vigencia operativa.
Sesiones sin competencia y un “poder de facto”
De acuerdo con el voluminoso documento radicado ante los despachos de la Fiscalía, las implicadas habrían asistido, intervenido y participado activamente en múltiples sesiones del Consejo Directivo de FonIgualdad. La gravedad del asunto radica en que ninguna de las dos contaba con un nombramiento vigente, vinculación contractual oficial, ni competencia legal alguna para actuar en representación del fondo o del ministerio.
En sus declaraciones, el liquidador Rodríguez fue enfático al describir que las hermanas Guerrero presuntamente ejercían un “poder de facto” dentro de la institución. Según las pruebas aportadas, las denunciadas dictaban órdenes de carácter administrativo, tomaban decisiones de alto nivel, determinaban el cierre de las sesiones del comité e imponían directrices presupuestales de obligatorio cumplimiento, incluso ante la presencia de ministros y viceministros de Estado que asistían a las juntas.
Suplantación de roles y antecedentes penales
En los soportes entregados al ente acusador —que incluyen actas firmadas, grabaciones y correspondencia interna— se detalla cómo se camuflaba su participación en el Consejo. Juliana Guerrero figuraba de manera irregular en los documentos oficiales como supuesta delegada del Ministerio del Interior, mientras que su hermana Verónica aparecía registrada bajo el rótulo de asesora del director del fondo, roles que carecían de sustento jurídico o contractual real.
Este escándalo añade un capítulo oscuro al historial de las implicadas. Cabe recordar que Juliana Guerrero ya afronta una condena en firme de tres años de prisión, dictada mediante un preacuerdo con la justicia, luego de comprobarse que falsificó sus títulos universitarios y de posgrado con el fin de acreditar experiencia para ser nombrada en un viceministerio. Con estos nuevos elementos, la Fiscalía General de la Nación iniciará las indagaciones correspondientes para determinar la existencia de delitos contra la administración pública, falsedad en documento y presunto fraude, en un caso que promete nuevas citaciones judiciales en los próximos días.
fuente vanguardia
