BOGOTÁ, 5 de noviembre de 2026. La Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura inmediata de indagaciones penales y disciplinarias para identificar a los responsables de la divulgación no autorizada de piezas procesales sometidas a estricta reserva legal. La medida del ente acusador responde a la filtración masiva a los medios de comunicación de documentos internos, audiencias y declaraciones juramentadas vinculadas a dos de los expedientes de mayor complejidad y relevancia nacional en la actualidad: el homicidio por envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá y las graves denuncias de la exconsejera presidencial Eva Ferrer Galcerán.
A través de un comunicado oficial, la institución advirtió que el quiebre de la confidencialidad en estas etapas tempranas vulnera las garantías constitucionales, pone en riesgo el éxito de los operativos de policía judicial, compromete la seguridad física de los testigos y atenta de manera directa contra el buen nombre y la integridad de las víctimas. “Los servidores públicos y las partes intervinientes están obligados a preservar su confidencialidad conforme a la ley. Este deber constituye una garantía para la determinación de la verdad y no admite excepciones”, enfatizó el ente acusador, recordando la responsabilidad legal que asiste a los custodios del material probatorio.
Grave sabotaje a expedientes de alto impacto
El primer frente de la investigación por filtraciones se centra en el expediente de Zulma Guzmán Castro, señalada por la Fiscalía como la presunta responsable de la muerte de las menores Inés de Bedout (14 años) y Emilia Forero (13 años) en abril de 2025. Según el acervo probatorio, la procesada habría enviado a la residencia de las menores frambuesas contaminadas intencionalmente con sulfato de talio, simulando un regalo de mensajería, motivada por una relación clandestina con el padre de una de las víctimas. Guzmán Castro fue capturada en Londres en diciembre de 2025 y su proceso de extradición a Colombia permanece en vilo tras aplazarse la audiencia definitiva para marzo de 2027.
El segundo frente bajo la lupa judicial corresponde a la filtración de la declaración juramentada de la exconsejera para la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán. En sus testimonios ante la justicia, Ferrer denunció la presunta existencia de una red transnacional de tráfico de drogas, armas y dinero en efectivo que habría operado entre Colombia y Estados Unidos utilizando una aeronave oficial, señalando de manera directa a la ex primera dama Verónica Alcocer y a su círculo de colaboradores más cercano por supuestos delitos de testaferrato e irregularidades en la financiación de campañas. La Fiscalía reafirmó su absoluto respeto por la libertad de prensa, pero aclaró que la indagación recaerá estrictamente sobre los funcionarios encargados de custodiar la reserva de estos sensibles testimonios.
fuente infobae
