Felipe Alzate, representante jurídico de Guerrero, rechazó las versiones sobre un viaje al exterior y sostuvo que su clienta rendirá explicaciones ante la justicia, mientras avanza el proceso por presuntos cobros irregulares en el Gobierno Petro
La polémica que involucra a Juliana Guerrero, la joven exfuncionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro que estaría implicada en un presunto esquema de tráfico de influencias y corrupción al interior del Ejecutivo, sigue causando revuelo en el país.
Luego de que la mujer presentó su renuncia como delegada presidencial en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), crecieron los rumores sobre su posible salida de Colombia.
Sin embargo, el abogado Felipe Alzate, representante jurídico de Guerrero, anunció que la exfuncionaria del Ministerio del Interior permanecerá en el territorio colombiano, asegurando que responderá por las acusaciones en su contra ante la justicia.
El jurista, en una publicación hecha en su cuenta de X, calificó como ‘irresponsables’ y ‘especulativos’ las versiones de una supuesta huida del país por parte de su clienta.
“Juliana Guerrero ha sido clara en que comparecerá ante la administración de justicia. No tiene intención de salir del país, está plenamente dispuesta a rendir las explicaciones que correspondan”, escribió Alzate en la red social.
Así mismo, Juliana Guerrero pidió, a través de su abogado, que la Fiscalía General de la Naciónle informe qué investigaciones tiene en su contra, solicitando además el número de radicado generado y los fiscales delegados que están al frente de los procesos.
“De hecho, ya solicitamos formalmente a la Fiscalía que nos informe sobre la investigación que fue aperturada. Antes de alimentar especulaciones, conviene ceñirse a los hechos”, agregó.
El pedido fue enviado al director seccional de la Fiscalía en Bogotá, Javier Mauricio Pava, según declaró Felipe Alzate a Semana.
“Se solicita adicionalmente que se cite tanto al suscrito como a la señora Guerrero Jiménez a cualquier diligencia ante juez de control de garantías que se adelante en el marco de las respectivas indagaciones que puedan existir en contra de esta última”, mencionó el jurista al citado medio de comunicación
De igual manera, el abogado, según declaraciones citadas por Semana, había puesto como condicional su renuncia al consejo universitario para asumir la defensa, y le pidió que su relación con el Gobierno no incidiera en las investigaciones y le sugirió concentrarse en la preparación de su respuesta judicial.
Investigación contra Juliana Guerrero
La salida de Juliana Guerrero del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) después de las revelaciones de la revista Semana sobre una supuesta red dedicada a gestionar contratos públicos al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según la investigación periodística, los hechos habrían ocurrido entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025, donde ella y su hermana Verónica Guerrero habrían pedido pagos a empresarios para facilitar reuniones con entidades estatales e intervenir presuntamente en procesos contractuales.
La publicación señaló que el esquema incluía cobros de $200.000.000, comisiones del 10%y una tarifa de $1.000.000 por reuniones. Ese material incluye testimonios, chats, audios, tiquetes aéreos y consignaciones. Allí, Juliana aparecía como la encargada de las gestiones ante el Gobierno, mientras Verónica mantenía la relación con los empresarios.
Entre los organismos mencionados en esos señalamientos aparecen el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras y Fiduagraria. A partir de esas denuncias, la Fiscalía abrió una indagación preliminar por un presunto entramado de tráfico de influencias y corrupción.
Mientras que Juliana Guerrero presentó su carta de renuncia a su cargo como delegada presidencial en el centro universitario del Cesar, explicando que se apartaba de inmediato para dedicar su tiempo y su atención personal a los procesos que tiene pendientes con la justicia.
En esa misiva también afirmó que ha sido blanco de ataques que, según su versión, le impedían ejercer el cargo con plena capacidad. “Mi situación personal y los señalamiento injustos que he recibido de diversas orillas políticas no deben proyectarse sobre la Universidad o sobre el Gobierno Nacional, ni deben interferir en el cumplimiento de las funciones públicas”, indicó.
Guerrero aseguró además que comparecerá personalmente ante cualquier autoridad que la requiera. “Enfrentaré estas investigaciones ante las autoridades competentes y dentro del marco institucional; compareceré de manera personal y atenderé cada citación que se me formule por cualquier órgano de investigación, aportando todo cuanto esté a mi alcance para el esclarecimiento de los hechos”, señaló en el documento.
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