María Claudia Tarazona, esposa del asesinado exsenador, confirmó a la Fiscalía que entregó un dossier con nombres propios y fotografías de los presuntos autores intelectuales. La hipótesis de un crimen de Estado toma fuerza en las líneas de investigación.
Bogota, 14 de octubre de 2026. Un vuelco de proporciones mayúsculas dio la investigación penal que se adelanta por el magnicidio del exsenador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Su viuda, María Claudia Tarazona
, rompió el silencio en las últimas horas y lanzó una de las acusaciones más graves de la historia política reciente, señalando que los autores intelectuales del crimen se encuentran dentro del legislativo colombiano.
“Tenemos nombres y fotografías”
En declaraciones entregadas a medios de comunicación nacionales, Tarazona reveló que antes de que se perpetrara el atentado contra la vida de su esposo, recibió alertas explícitas en su dispositivo móvil que anticipaban el plan criminal no solo contra Uribe Turbay, sino contra otros precandidatos de la misma colectividad.
“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República. La información recibida señalaba que la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”, afirmó de manera categórica.
La viuda precisó que esta información no se quedó en una denuncia pública, sino que fue radicada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación bajo estrictos protocolos de custodia de evidencia. Según su testimonio, el material entregado al grupo especializado del ente investigador contiene identidades específicas y registros fotográficos de los presuntos implicados.
Para Tarazona, la atribución inicial del ataque a la disidencia de la ‘Segunda Marquetalia’ resulta un enunciado “gaseoso” que no resuelve los interrogantes de fondo, por lo que instó a las autoridades a explotar las herramientas tecnológicas para verificar el origen real de la orden.
La hipótesis de un Crimen de Estado
Paralelamente, la tesis de un complot de alta esfera institucional ha cobrado fuerza dentro del proceso. La propia Tarazona confirmó que los peritos judiciales evalúan si se trató de un crimen de Estado, lo que implica examinar si existieron determinadores o nexos procedentes del Gobierno nacional precedente.
A este reclamo se sumó el padre de la víctima, Miguel Uribe Londoño, quien durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente en Bogotá calificó directamente al expresidente Gustavo Petro como el presunto “instigador” del homicidio, argumentando que su hijo representaba un obstáculo para los intereses del anterior mandatario debido a sus constantes denuncias por corrupción y su rol como jefe de la oposición. Uribe Londoño confirmó que elevó una denuncia por hostigamiento ante la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República.
Compromiso del Ejecutivo actual
Ante el sismo político provocado por estas revelaciones, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ratificó el compromiso inquebrantable de su administración y de la fuerza pública para esclarecer los hechos periféricos al magnicidio. El jefe de Estado aseguró que se dispondrá de todas las capacidades operativas y de inteligencia necesarias para individualizar y capturar a quienes financiaron y ordenaron el atentado contra el dirigente político.
fuente infobae
