Octubre 19 de 2026.
Un borrador de decreto puesto a consulta por el Ministerio de Educación Nacional encendió una profunda controversia en el sector educativo del país. La iniciativa busca modificar el Decreto 1075 de 2015 para redefinir la administración del servicio educativo en las regiones, abriendo la puerta a que operadores privados gestionen colegios oficiales por plazos de hasta 12 años y permitiendo la firma de convenios pedagógicos con iglesias y confesiones religiosas.
La propuesta, impulsada inicialmente bajo la firma de la entonces ministra Viviane Morales y continuada en la gestión de la actual titular de la cartera, Ilva Myriam Hoyos, pretende solucionar problemas de cobertura y eficiencia en zonas de difícil acceso a través del modelo de “cobertura contratada”. No obstante, diversos sectores aseguran que esto desvirtúa los límites legales de la educación pública.
Las duras objeciones del magisterio
Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el rechazo a la normativa es absoluto. Miguel Pardo, ejecutivo de la organización sindical, calificó el proyecto de decreto como “inconstitucional y profundamente regresivo”. El gremio argumenta que la propuesta viola el Acto Legislativo 03 de 2024, el cual blindó los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) dictaminando de manera estricta que los fondos estatales deben canalizarse de forma prioritaria a los establecimientos públicos.
Asimismo, Fecode critica lo que denominan el “corrimiento de la cerca” sobre el concepto de insuficiencia. La Ley 715 de 2001 solo permite contratar colegios privados de manera excepcional cuando el Estado no tiene capacidad de atención; sin embargo, este nuevo borrador busca amparar convenios de hasta 12 años justificándose en problemas de orden público o bajo la figura de cooperaciones. “Si se le entregan recursos públicos a un particular, llámese operador o administrador, eso es privatización”, sentenció Pardo.
Alertas por la pérdida del laicismo en las aulas
Otro de los puntos más críticos dentro de la discusión es el impacto sobre la libertad de cátedra y la diversidad doctrinal. Según el sindicato de educadores, permitir que iglesias y entidades religiosas asuman la administración pedagógica representa un riesgo inminente de reversar el carácter laico de la educación pública en Colombia, limitando la autonomía y la gratuidad de la enseñanza de cara a los retos de la niñez colombiana.
fuente infobae
