BOGOTÁ, 5 de noviembre de 2026. El debate alrededor del proyecto de la Ley de Rescate Económico radicada por el Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en el mercado laboral colombiano. De ser aprobado este ajuste fiscal antes de diciembre de 2026, los empleados dependientes con ingresos superiores a los 20 millones de pesos mensuales verían duplicarse sus aportes obligatorios al sistema de salud a partir del 1 de enero de 2027, pasando de la tarifa actual del 4% a una tarifa progresiva del 8%. Esto significa que, para un salario cercano a los $25.000.000 al mes, el descuento por este concepto ascendería a los $2.000.000 mensuales.
El articulado propone una escala progresiva en la que quienes perciben mayores ingresos financien una mayor proporción del esquema sanitario. Los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mantendrán su aporte intacto en 4%. Sin embargo, a partir de ese umbral, la retención empezará a incrementarse de manera escalonada: de 2 a 4 salarios mínimos pagarán 5,5%; de 4 a 5 salarios aportarán el 6%; entre 5 y 10 salarios ascendá al 6,5%; de 10 a 15 salarios se fijará en 7%; y de 15 a 20 salarios llegará al 7,5%, previo al tope del 8% para los salarios más altos del país.
Impacto directo en la liquidez y las empresas
Esta reestructuración no solo afectará a los asalariados de rangos medios y altos, sino que modificará drásticamente la carga prestacional de las compañías. Según expertos en derecho corporativo y firmas tributarias como Laxactly, la propuesta limita considerablemente la exoneración de aportes patronales que rige actualmente. De recibir luz verde, las empresas tendrán que empezar a asumir aportes de salud y parafiscales (Sena e ICBF) por todos los trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos, lo que encarecerá de forma directa los costos de nómina en seis puntos porcentuales para el segmento de mandos medios.
Por su parte, los trabajadores independientes y contratistas por prestación de servicios también sufrirán un fuerte impacto en su flujo de caja corriente. Su cotización básica de salud, que hoy se encuentra unificada en un 12,5% sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), mutará a una tabla variable que escalará desde el 13% hasta un techo del 15,5% para los contratos de mayor valor, a lo que se sumaría una eventual reducción del umbral de retención en la fuente. El Congreso de la República tiene un plazo definitivo hasta el cierre de año para definir el futuro de este proyecto, considerado por el Ministerio de Hacienda como indispensable para conjurar el déficit fiscal del país.
fuente infobae
