La disputa entre el Gobierno y la oposición gira en torno a la validez del decreto, mientras persisten advertencias de protestas y sobre el impacto económico de la medida en la formalidad laboral
El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2026, decretado en un 23,7% por el presidente de la República, Gustavo Petro, se intensificó tras la advertencia del mandatario de convocar un paro nacional si el Consejo de Estado tumba el decreto correspondiente.
Ante este escenario, el expresidente Álvaro Uribe Vélez centró su reacción en el riesgo político y social que podría implicar la convocatoria de una protesta masiva, advirtiendo directamente a Petro: “Cuidado Presidente le hacen el paro al revés”, según lo publicado en su cuenta de X.
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Uribe, líder natural del Centro Democrático, puso en duda la viabilidad de la estrategia de presión social planteada por el Gobierno, sugiriendo que una eventual movilización podría volverse en contra del propio Ejecutivo, ante el posible descontento de algunos sectores con su gestión.
En otras declaraciones, Uribe Vélez señaló que el aumento del salario mínimo, lejos de garantizar mejoras, podría agravar la situación laboral y económica, ya que “más jóvenes se irán del país, ya salen más de ochenta mil al año” y, según el exmandatario, el desempleo y la informalidad seguirían en aumento ante la carga adicional para los empleadores.
El exmandatario insistió en que, aunque la remuneración de los trabajadores debe mejorar, el contexto actual de altos impuestos, burocracia, déficit fiscal y acusaciones de corrupción limita el impacto positivo del incremento.
Agregó que parte del aumento salarial se destinará inevitablemente al pago de medicamentos y de impuestos, y que el mensaje en las empresas será de ausencia de vacantes: “‘No hay puestos’, se leerá en las puertas de las empresas”.
Uribe agregó que “el bienestar social sostenido, esto es, que no sea flor de un día, depende de una economía fraterna, que exige que le vaya bien al trabajador y al empresario. Se repite que es mejor un peso en remuneración al trabajador o en inversión empresarial que pagado en impuestos, con el agravante de un gobierno corrupto que amenaza quebrar el fisco nacional”.
Declaraciones de Álvaro Uribe sobre el salario mínimo – crédito @AlvaroUribeVel/X
Uribe también cuestionó que el Gobierno no haya cumplido con la renta básica para los más necesitados, y consideró que el incremento del salario mínimo solo recae sobre los empresarios y los trabajadores formales, dejando por fuera a la mayoría de la población laboral que permanece en la informalidad, cifra que según el exmandatario alcanza el 55%. Advirtió que la presión adicional sobre las empresas podría traducirse en despidos, reducción de salarios para quienes ganan por encima del mínimo, y nuevos riesgos para las reservas pensionales.
Además, alertó que “la mayoría de empresas y empleadores no soportan los impuestos y las cargas laborales, más este aumento salarial. Colombia tiene dieciocho días festivos, con recargo del ciento por ciento, superada apenas por Chile con recargo del treinta por ciento. Colombia tiene, óigase bien, once horas de recargo nocturno del treinta y cinco por ciento, superada solamente por Panamá, con recargo del cincuenta por ciento”.
El expresidente reiteró su posición de respeto por los trabajadores, pero pidió medidas estructurales como la reducción de impuestos, la austeridad en el gasto público y garantías de estabilidad para la inversión privada, en lugar de soluciones que, en su opinión, podrían terminar generando mayor conflictividad social y económica. Añadió que el Gobierno corre el riesgo de incurrir en un endeudamiento excesivo y de apropiarse de las reservas pensionales, lo que pondría en peligro la estabilidad financiera de largo plazo.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro defendió la legalidad y legitimidad del aumento, asegurando que la decisión se fundamentó en la Constitución, en los parámetros de la Corte Constitucional, la inflación, la productividad y los tratados internacionales, y justificó la advertencia de paro nacional como una medida de defensa ante una posible anulación judicial del decreto.
Petro publicó en X: “Los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis de los especuladores financieros. Todos los considerandos se tomaron en cuenta de la sentencia de la Corte, tuvimos en cuenta la inflación del año pasado y la productividad, pero obedecimos una orden de la constitución y de los tratados de la OIT que son parte de la constitución, así que no despierten al jaguar”. El mandatario concluyó que “este es un gobierno progresista que no es de los megarricos, sino de los trabajadores, y gobernamos por la voluntad soberana del pueblo”.
Las palabras de Petro se dieron en respuesta a una publicación del expresidente del Senado Ernesto Macías Tovar, que recordó que en 2017 el Consejo de Estado anuló un incremento similar por no cumplir los requisitos legales y técnicos, y advirtió sobre la posibilidad de que se repita el escenario.
INFOBAE
La disputa entre el Gobierno y la oposición gira en torno a la validez del decreto, mientras persisten advertencias de protestas y sobre el impacto económico de la medida en la formalidad laboral
El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2026, decretado en un 23,7% por el presidente de la República, Gustavo Petro, se intensificó tras la advertencia del mandatario de convocar un paro nacional si el Consejo de Estado tumba el decreto correspondiente.
Ante este escenario, el expresidente Álvaro Uribe Vélez centró su reacción en el riesgo político y social que podría implicar la convocatoria de una protesta masiva, advirtiendo directamente a Petro: “Cuidado Presidente le hacen el paro al revés”, según lo publicado en su cuenta de X.
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Uribe, líder natural del Centro Democrático, puso en duda la viabilidad de la estrategia de presión social planteada por el Gobierno, sugiriendo que una eventual movilización podría volverse en contra del propio Ejecutivo, ante el posible descontento de algunos sectores con su gestión.
En otras declaraciones, Uribe Vélez señaló que el aumento del salario mínimo, lejos de garantizar mejoras, podría agravar la situación laboral y económica, ya que “más jóvenes se irán del país, ya salen más de ochenta mil al año” y, según el exmandatario, el desempleo y la informalidad seguirían en aumento ante la carga adicional para los empleadores.
El exmandatario insistió en que, aunque la remuneración de los trabajadores debe mejorar, el contexto actual de altos impuestos, burocracia, déficit fiscal y acusaciones de corrupción limita el impacto positivo del incremento.
Agregó que parte del aumento salarial se destinará inevitablemente al pago de medicamentos y de impuestos, y que el mensaje en las empresas será de ausencia de vacantes: “‘No hay puestos’, se leerá en las puertas de las empresas”.
Uribe agregó que “el bienestar social sostenido, esto es, que no sea flor de un día, depende de una economía fraterna, que exige que le vaya bien al trabajador y al empresario. Se repite que es mejor un peso en remuneración al trabajador o en inversión empresarial que pagado en impuestos, con el agravante de un gobierno corrupto que amenaza quebrar el fisco nacional”.
Declaraciones de Álvaro Uribe sobre el salario mínimo – crédito @AlvaroUribeVel/X
Uribe también cuestionó que el Gobierno no haya cumplido con la renta básica para los más necesitados, y consideró que el incremento del salario mínimo solo recae sobre los empresarios y los trabajadores formales, dejando por fuera a la mayoría de la población laboral que permanece en la informalidad, cifra que según el exmandatario alcanza el 55%. Advirtió que la presión adicional sobre las empresas podría traducirse en despidos, reducción de salarios para quienes ganan por encima del mínimo, y nuevos riesgos para las reservas pensionales.
Además, alertó que “la mayoría de empresas y empleadores no soportan los impuestos y las cargas laborales, más este aumento salarial. Colombia tiene dieciocho días festivos, con recargo del ciento por ciento, superada apenas por Chile con recargo del treinta por ciento. Colombia tiene, óigase bien, once horas de recargo nocturno del treinta y cinco por ciento, superada solamente por Panamá, con recargo del cincuenta por ciento”.
El expresidente reiteró su posición de respeto por los trabajadores, pero pidió medidas estructurales como la reducción de impuestos, la austeridad en el gasto público y garantías de estabilidad para la inversión privada, en lugar de soluciones que, en su opinión, podrían terminar generando mayor conflictividad social y económica. Añadió que el Gobierno corre el riesgo de incurrir en un endeudamiento excesivo y de apropiarse de las reservas pensionales, lo que pondría en peligro la estabilidad financiera de largo plazo.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro defendió la legalidad y legitimidad del aumento, asegurando que la decisión se fundamentó en la Constitución, en los parámetros de la Corte Constitucional, la inflación, la productividad y los tratados internacionales, y justificó la advertencia de paro nacional como una medida de defensa ante una posible anulación judicial del decreto.
Petro publicó en X: “Los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis de los especuladores financieros. Todos los considerandos se tomaron en cuenta de la sentencia de la Corte, tuvimos en cuenta la inflación del año pasado y la productividad, pero obedecimos una orden de la constitución y de los tratados de la OIT que son parte de la constitución, así que no despierten al jaguar”. El mandatario concluyó que “este es un gobierno progresista que no es de los megarricos, sino de los trabajadores, y gobernamos por la voluntad soberana del pueblo”.
Las palabras de Petro se dieron en respuesta a una publicación del expresidente del Senado Ernesto Macías Tovar, que recordó que en 2017 el Consejo de Estado anuló un incremento similar por no cumplir los requisitos legales y técnicos, y advirtió sobre la posibilidad de que se repita el escenario.
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